En varias localidades de la República Dominicana, una práctica que para muchos es motivo de preocupación se está expandiendo sin control: las peleas de peces betta. En patios, solares y cercas improvisadas en diferentes barrios, se organiza este controvertido espectáculo, donde lo que en algunos contextos podría considerarse una afición peculiar, aquí se transforma en un negocio informal que gira en torno a las apuestas, la crianza selectiva y la violencia hacia estos llamativos animales.
Menores de edad están inmersos en este ambiente, participando activamente en las apuestas y asumiendo riesgos significativos. Esta situación suscita interrogantes complejas: ¿estamos ante una tradición cultural, un deporte o simplemente un ejemplo alarmante de cómo la sociedad ha llegado a normalizar la crueldad?
Un pasado cultural y su repercusión actual
El pez betta, o pez de combate siamés, tiene sus raíces en Tailandia, donde las peleas se desarrollan con supervisión oficial y bajo un marco legal bien definido. Según N Investiga, un medio dedicado al análisis profundo de este fenómeno, en Tailandia estas competencias cuentan con licencias y regulaciones estrictas y se reabrieron tras la pandemia, respaldadas por el Gobierno que busca mantener las apuestas reguladas en un ámbito controlado.
La Ley Nacional de Bienestar Animal tailandesa, promulgada en 2014, establece que los animales deben ser protegidos, pero permite ciertas luchas consideradas tradicionales, siempre y cuando estén bajo la supervisión estatal. La influencia cultural de este tipo de competencia no se limita a Tailandia. También prevalece en el Sudeste asiático, donde países como Camboya, Laos, Vietnam y Malasia realizan actividades culturales similares. Sin embargo, fuera de esta región, tal práctica está prohibida y subsiste encubierta, presentándose como competencias de belleza o muestras ornamentales.
Desafíos regulatorios y dilema social
En la República Dominicana, en cambio, no existen controles oficiales, licencias, ni regulaciones formales que rijan estas peleas. Las competencias se efectúan regularmente en patios y callejones, lejos de cualquier normativa estatal, aunque sean ampliamente conocidas por los vecinos y las comunidades aledañas. Las apuestas realizadas en el marco de estas competencias pueden ir desde montos pequeños de 500 pesos hasta propiedades valiosas como vehículos o terrenos.
Este entorno caótico atrapa a muchos de sus participantes en un círculo vicioso de pérdidas económicas, crecientes deudas y distanciamientos personales. Mientras unos defienden estas peleas como entretenimiento o herencia cultural, otros las consideran una manifestación de crueldad injustificable, especialmente por la participación de menores, así como por la ausencia de regulaciones y el dinero de por medio, lo cual configura un panorama cada vez más alarmante.
Las autoridades todavía no han implementado medidas efectivas para controlar o regular este fenómeno. Sin embargo, el debate sobre cómo abordarlo está ganando espacio en la agenda pública. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales, educadores y algunos funcionarios gubernamentales abogan por la creación urgente de un marco regulatorio que limite o impida estas actividades en el país.
El seguimiento institucional y las medidas que se tomen en adelante determinarán si esta práctica se regulará adecuadamente, reduciendo sus impactos negativos, especialmente sobre los más jóvenes y vulnerables en nuestras comunidades.