Diario al Día| Estados Unidos – El gobierno de Estados Unidos autorizó que el gobierno de Venezuela pueda cubrir los honorarios legales del equipo defensor de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en Nueva York relacionados con comercio ilícito de sustancias.
Esta decisión, comunicada el 25 de abril mediante documentos judiciales, representa un cambio en la política estadounidense respecto a las sanciones aplicadas a Caracas en este proceso legal.
Según la agencia Reuters, la medida busca evitar que el caso se vea afectado por cuestionamientos sobre el derecho del acusado a una defensa adecuada y garantizar el debido proceso.
Maduro, de 63 años, fue detenido el 3 de enero en Caracas durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses. Junto a su esposa, Cilia Flores, fue trasladado a Nueva York, donde ambos enfrentan varias acusaciones y se han declarado inocentes.
Actualmente permanecen detenidos en Brooklyn a la espera de juicio.
En febrero, el abogado defensor Barry Pollack solicitó la desestimación del caso, argumentando que las sanciones impuestas por Washington impedían que el gobierno venezolano pagara la representación legal, lo que vulneraría derechos constitucionales básicos.
Pollack sostuvo que el bloqueo de los pagos limitaba el derecho de su cliente a elegir defensa, señalando que esto equivalía a no cumplir con el derecho constitucional a contar con un abogado de preferencia.
El juez federal Alvin Hellerstein, encargado del caso en Manhattan, expresó en una audiencia en marzo su escepticismo sobre las restricciones. Aunque no tenía intención de desestimar el proceso, cuestionó si el bloqueo financiero estaba justificado.
El juez destacó que el derecho a la asistencia letrada constitucional es primordial y que los acusados, sin importar su nacionalidad, tienen garantías legales en Estados Unidos.
Por su parte, la fiscalía defendió la postura inicial del gobierno.
El fiscal Kyle Wirshba argumentó que las sanciones responden a intereses de seguridad nacional y política exterior, y que el poder judicial no tiene facultades para modificar decisiones del Departamento del Tesoro.
Sin embargo, el contexto político ha cambiado. Desde la salida de Maduro del poder, las relaciones entre Washington y Caracas han mostrado señales de distensión, especialmente bajo el liderazgo interino de Delcy Rodríguez.
Este nuevo escenario habría influido en la flexibilización de las sanciones, permitiendo garantizar el debido proceso sin interferencias legales.
Las autoridades continúan con el proceso judicial en curso, mientras se espera que esta medida facilite el desarrollo del caso sin obstáculos relacionados con la defensa legal de los acusados.