EEUU permite a Caracas pagar defensa legal de Maduro

Diario al Día, Estados Unidos- Un giro inesperado acaba de dar Estados Unidos en su política de sanciones contra Venezuela al autorizar que el gobierno de Caracas cubra los honorarios legales del equipo defensor de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por comercio ilícito de sustancias en Nueva York.
La decisión, revelada el 25 de abril en documentos judiciales, marca un cambio significativo en un proceso que había estado marcado por tensiones legales y políticas.
Según la agencia Reuters, la medida tiene como objetivo evitar que el caso se vea comprometido debido a cuestionamientos sobre el derecho del acusado a una defensa adecuada.

Maduro, de 63 años, fue detenido el 3 de enero en Caracas durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses.
Junto a su esposa, Cilia Flores, fue trasladado a Nueva York, donde ambos enfrentan varias acusaciones. La pareja se ha declarado inocente y permanece detenida en Brooklyn a la espera de juicio.
El punto crítico del proceso surgió en febrero, cuando el abogado defensor Barry Pollack solicitó la desestimación del caso.
Argumentó que las sanciones impuestas por Washington impedían que el gobierno venezolano pagara su representación legal, lo cual, según él, violaba derechos constitucionales básicos.

Pollack sostuvo que el bloqueo de los pagos limitaba el derecho de su cliente a elegir defensa. “Equivale al no cumplimiento del derecho constitucional a contar con un abogado de su preferencia”, argumentó ante el tribunal.
El juez federal Alvin Hellerstein, encargado del caso en Manhattan, se mostró escéptico ante las restricciones.
Durante una audiencia en marzo, expresó que no tenía intención de desestimar el proceso, pero cuestionó si el bloqueo financiero estaba justificado.
“El derecho que está en juego, primordial sobre otros, es el derecho a la asistencia letrada constitucional”, afirmó el juez, destacando que los acusados, sin importar su nacionalidad, tienen garantías legales en Estados Unidos.
Por su parte, la fiscalía defendió la postura inicial del gobierno. El fiscal Kyle Wirshba argumentó que las sanciones respondían a intereses de seguridad nacional y política exterior, y sostuvo que el poder judicial no tiene facultades para modificar decisiones del Departamento del Tesoro.
No obstante, el contexto político ha cambiado. Desde la salida de Maduro del poder, las relaciones entre Washington y Caracas han mostrado señales de distensión, especialmente bajo el liderazgo interino de Delcy Rodríguez.
Este nuevo escenario habría influido en la flexibilización de las sanciones, permitiendo así garantizar el debido proceso sin interferencias legales.
