Diario al Día| República Dominicana – La diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Jean Claude, conocido como Lugel Gasile Guelie, interpusieron una querella penal por presunta difamación en plataformas digitales.
La acción legal fue presentada ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología contra el comentarista Eduardo Alberto Saint-Hilaire Ramírez y el Grupo Alofoke.
La querella se fundamenta en la Ley 53-07 sobre delitos tecnológicos y el artículo 367 del Código Penal, que establecen sanciones para la divulgación de contenidos que afecten la honra y reputación a través de medios digitales.
Según el expediente, el panelista del programa Esto no es Radio Show habría realizado declaraciones públicas reiteradas que vinculan al empresario con actividades consideradas irregulares, sin presentar evidencias que respalden tales señalamientos.
El documento también señala que las afirmaciones afectaron la dignidad personal de la legisladora y causaron perjuicio moral a ella y a sus hijos menores de edad.
Los querellantes indican que las expresiones fueron difundidas en espacios digitales de alto consumo y amplia repercusión pública, constituyendo una campaña de descrédito contra su imagen pública, profesional y personal.
Además, califican las declaraciones como carentes de sustento probatorio y emitidas de manera irresponsable, generando efectos negativos en su entorno familiar y social.
Como terceros civilmente responsables fueron incluidos Alofoke Media Group Corp. y Alofoke Music S.R.L., vinculados con la producción y difusión del programa donde se realizaron las declaraciones cuestionadas.
Para la representación legal, la diputada y su esposo designaron al abogado Miguel Valerio, quien asumirá la conducción del proceso en todas sus etapas, incluyendo diligencias ante el Ministerio Público y procedimientos judiciales.
La querella, que solicita una indemnización de RD$100 millones, busca proteger el honor, la dignidad y la integridad pública de los querellantes frente al uso de plataformas digitales.
Con esta acción, la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología inició el proceso investigativo, quedando las partes sujetas a las actuaciones legales que determine el Ministerio Público.
La querella incluye la constitución en actor civil y se sustenta en normativas que buscan sancionar la divulgación de contenidos que puedan afectar la honra y reputación de las personas, especialmente cuando se difunden mediante medios digitales con impacto masivo.
El documento presentado detalla que las declaraciones públicas del panelista del programa Esto no es Radio Show fueron reiteradas y vinculaban al empresario con actividades consideradas irregulares, sin que se presentaran evidencias que respaldaran tales señalamientos.
Además, se indica que estas afirmaciones impactaron directamente la dignidad personal de la legisladora y causaron perjuicio moral a ella y a sus hijos menores de edad.
Los querellantes sostienen que las expresiones fueron difundidas en espacios digitales de alto consumo y con amplia repercusión pública, constituyendo una campaña de descrédito orientada a afectar su imagen pública, profesional y personal.
También califican las afirmaciones como carentes de sustento probatorio y emitidas de manera irresponsable, generando efectos negativos en su entorno familiar y social.
En el proceso fueron incluidos como terceros civilmente responsables Alofoke Media Group Corp. y Alofoke Music S.R.L., señalados por su vinculación con la producción y difusión del programa donde se realizaron las declaraciones cuestionadas.
La diputada y su esposo designaron al abogado Miguel Valerio para que asuma la conducción del proceso en todas sus etapas, incluyendo las diligencias ante el Ministerio Público y los procedimientos que puedan desarrollarse en los tribunales correspondientes.
La acción judicial busca la protección del honor, la dignidad y la integridad pública de los querellantes frente al uso de plataformas digitales.
Finalmente, la instancia presentada activa el proceso investigativo ante la procuraduría especializada, quedando las partes sujetas a las actuaciones legales que determine el Ministerio Público.