Diario al Día | Santiago, República Dominicana – El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago impuso una garantía económica de RD$8 millones a seis personas vinculadas al caso de Stephora Joseph, niña haitiana de 11 años que perdió la vida en una piscina durante una excursión escolar.
El juez Joob García dictó la medida de coerción para asegurar la presencia de los implicados en el proceso judicial y evitar riesgos de fuga o incumplimiento de las disposiciones legales.
La garantía afecta tanto a personas físicas como jurídicas relacionadas con el caso.
Entre los señalados figuran Eduardo Rafael Estévez Bretón, presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci; Fredy Núñez, director académico del centro educativo; así como Julio César Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz, vinculados a la hacienda donde ocurrió el incidente.
El Ministerio Público ha calificado la situación como homicidio involuntario y continúa con las investigaciones para establecer las responsabilidades en el deceso de la menor durante la actividad escolar.
La resolución judicial establece que los representantes legales del centro educativo y los propietarios de la hacienda responderán de manera conjunta y solidaria frente a la obligación económica impuesta, lo que subraya la seriedad de la medida.
La familia de Stephora Joseph ha estado presente en las audiencias y ha manifestado su intención de seguir de cerca el proceso judicial, buscando que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el incidente.
Por su parte, las autoridades educativas han expresado plena colaboración con las investigaciones y anunciaron que revisarán los protocolos de seguridad para futuras excursiones, con el objetivo de prevenir situaciones similares.
El Ministerio Público continúa recopilando testimonios y pruebas para determinar si hubo negligencia por parte de los responsables del centro educativo y de la hacienda, con miras a posibles imputaciones adicionales.
Este caso ha generado un debate en la comunidad sobre la seguridad en actividades escolares fuera del aula y la responsabilidad civil y penal de los adultos encargados de menores en estos contextos.
Expertos en derecho señalan que la imposición de garantías económicas es una práctica habitual en casos de homicidio involuntario, buscando equilibrar la libertad personal de los imputados con la obligación de responder ante la justicia y garantizar el avance de la investigación.
En Santiago, la expectativa es que el proceso judicial permita esclarecer plenamente las responsabilidades y que se implementen medidas de prevención para evitar situaciones similares en actividades escolares futuras.