Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conoció este miércoles el recurso de apelación presentado por el fiscal Aurelio Valdez Alcántara contra la medida de coerción que lo mantiene en prisión preventiva.
Valdez Alcántara enfrenta acusaciones del Ministerio Público por presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares relacionado con un caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la audiencia, el fiscal rechazó las imputaciones y manifestó su disposición para enfrentar el proceso judicial y demostrar su inocencia.
El fiscal afirmó ser el principal interesado en limpiar su nombre y explicó que su defensa ha solicitado diversas diligencias para aportar pruebas que contradigan las acusaciones.
Además, denunció que el Ministerio Público no entregó inicialmente ciertos videos solicitados, lo que obligó a su defensa a recurrir al tribunal de garantías para obtenerlos.
Valdez Alcántara cuestionó la objetividad de la investigación y señaló que diferencias personales no deben influir en el desarrollo del proceso penal. Reiteró su compromiso con la transparencia y la defensa de su trayectoria profesional.
La audiencia fue presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala Penal, y contó con la participación del director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto a los procuradores fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
Wilson Camacho expuso los argumentos para mantener la prisión preventiva, señalando que el fiscal habría recibido sobornos para favorecer a imputados en el caso Senasa.
La medida de coerción, impuesta por la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, tiene una duración de tres meses y está bajo revisión por la Suprema Corte.
El tribunal deberá decidir si mantiene o modifica esta medida mientras continúan las investigaciones.
El caso ha generado atención pública y legal, pues podría establecer precedentes sobre la aplicación de medidas de coerción y el respeto al debido proceso en casos de presunta corrupción.
Valdez Alcántara reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y destacó la importancia de transparentar cada etapa del proceso judicial.
La resolución de la Suprema Corte será determinante para definir los próximos pasos en el caso y la continuidad de la medida de coerción impuesta al fiscal.
Expertos legales observan que este proceso podría influir en futuras decisiones sobre la gestión de medidas cautelares y la protección de derechos procesales en investigaciones relacionadas con corrupción, manteniendo el interés nacional en el desarrollo del caso.