Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana – Juliani Santos Núñez denunció un intento de feminicidio ocurrido el pasado lunes frente a su vivienda en Quinigüita. La agresión fue cometida por su expareja, José Rafael Almonte Martínez, quien permanece prófugo.
Según el testimonio de Santos, Almonte Martínez llegó a su casa y le disparó en cinco ocasiones. La mujer presentó un vendaje en el muslo derecho, evidencia de las heridas recibidas durante el ataque.
La víctima relató que la violencia no comenzó ese día. Almonte Martínez había intentado atacar el vehículo de su actual esposa y le envió mensajes con amenazas contra ambas.
Santos atribuye el motivo a la homofobia, ya que está casada con una mujer desde hace aproximadamente un año.
La pareja mantuvo una relación de cinco años y tienen una hija en común. Santos indicó que no había presentado denuncias previas por temor, hasta que ocurrió este primer intento de agresión.
Además de la agresión, Santos denunció presiones por parte de funcionarios en la sede fiscal donde rindió su declaración.
Identificó a un oficial, apellidado Rodríguez, quien intentó que ella afirmara que el ataque ocurrió en un punto de venta de drogas y no en su hogar, advirtiéndole que podría ser detenida durante tres meses mientras se investigaba.
La mujer señaló que los impactos de proyectiles aún son visibles en la puerta de su vivienda y solicitó que las autoridades acudieran al lugar para verificar la escena del hecho.
También denunció la detención arbitraria de un joven que cuidaba a su hijo durante el incidente. Según Santos, este joven fue detenido y golpeado para obligarlo a declarar en falso, situación que calificó como maltrato dentro de una dependencia policial.
El presunto agresor, a quien Santos acusa de haber vendido drogas, permanecía prófugo al momento de su testimonio ante un periodista ciudadano.
Este caso pone en evidencia una situación compleja donde la víctima enfrenta tanto la violencia directa como dificultades en el sistema de justicia.
Santos hizo un llamado a las autoridades superiores para que intervengan y cesen las presuntas prácticas de corrupción, señalando que «ellos le cogen dinero a la gente para no hacer nada».
La denuncia plantea interrogantes sobre los mecanismos institucionales para proteger a víctimas de violencia de género cuando existen posibles fallas en la actuación policial y judicial.
La mujer exigió que se garantice su seguridad y que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.