Diario al Día | San Pedro de Macorís, República Dominicana – El Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís dictó una condena de siete años de prisión mayor contra Mildre Alexandra Rivas Felizola, ciudadana venezolana, tras ser encontrada responsable en un proceso judicial relacionado con un incidente ocurrido en 2020.
La sentencia también establece una indemnización de un millón de pesos a favor del empresario Orlando Ramírez Medina, quien resultó afectado en el hecho.
Según el expediente, Ramírez Medina sufrió una herida en el cuello causada por un objeto cortopunzante, lo que requirió hospitalización y atención médica especializada durante varios días.
El Tribunal Colegiado valoró las pruebas presentadas durante el proceso y determinó la responsabilidad penal y civil de la acusada, basándose en los artículos 309 y siguientes del Código Penal Dominicano.
Este caso judicial se extendió por varios años hasta llegar a la resolución actual.
Además, se informó que la condenada cumple actualmente una pena de dos años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, ubicado en San Cristóbal, por otro proceso penal distinto.
En febrero de 2026, Rivas Felizola fue encontrada culpable de agredir a Cindy Carolina Salazar, hecho que forma parte de su historial judicial.
Con esta nueva sentencia, el Tribunal Colegiado suma una segunda condena contra la imputada en el mismo año, ambas bajo la jurisdicción de tribunales de San Pedro de Macorís.
Las autoridades judiciales continuarán supervisando el cumplimiento de las penas y los procesos legales relacionados con estos casos.
El Tribunal mantiene su rol en la evaluación integral de los elementos presentados y en la supervisión de las decisiones emitidas en este caso, que ha tenido un seguimiento prolongado dentro del sistema judicial dominicano.
Las autoridades judiciales reiteran la importancia de continuar con la vigilancia del cumplimiento de las sentencias y el avance de los procesos legales vinculados, asegurando que se respeten los derechos de las partes involucradas y se mantenga la transparencia en el desarrollo del caso.
Este proceso ha generado atención pública debido a la naturaleza de los hechos y la continuidad de las actuaciones judiciales en contra de la imputada, quien enfrenta cargos en diferentes tribunales de la región.
El seguimiento de este caso refleja el compromiso de las instituciones judiciales dominicanas con la aplicación de la ley y la impartición de justicia en casos que involucran a ciudadanos extranjeros y nacionales, garantizando un proceso justo y conforme a la normativa vigente.