Diario al Día | Distrito Nacional, República Dominicana – La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificó la medida de coerción contra un cabo de la Policía Nacional vinculado a un incidente ocurrido en La Ciénaga.
El tribunal dispuso que el agente Elpidio Antonio Acosta cumpla tres meses de prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo.
Esta decisión revoca la garantía económica de 400 mil pesos y la presentación periódica que había impuesto el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El caso se relaciona con un hecho ocurrido el domingo 10 de mayo, cuando el teniente coronel retirado Carmelo Polanco fue impactado por un proyectil dentro de un vehículo policial durante una operación en La Ciénaga.
Polanco se encontraba compartiendo con su familia en la celebración del cumpleaños de su madre.
En ese momento, una patrulla de la unidad táctica “Topo”, integrada por el cabo Acosta y otros tres agentes, perseguía a un presunto delincuente en la zona. Durante el recorrido, se produjeron dos detonaciones desde el interior del vehículo policial.
El oficial retirado fue trasladado al Hospital Docente de la Policía Nacional, donde fue intervenido quirúrgicamente. Posteriormente, perdió la vida a causa de las heridas sufridas en el incidente.
El Ministerio Público fundamenta su acusación en la entrega voluntaria del arma reglamentaria por parte del cabo Acosta y en su declaración, donde señala que el disparo se produjo de manera accidental mientras manipulaba el arma dentro del vehículo.
Las pericias realizadas confirmaron que el proyectil salió desde el interior del vehículo patrullero y que el arma del agente presentó residuos de pólvora, lo que vincula directamente al cabo Acosta con el disparo ocurrido en La Ciénaga.
La abogada de los familiares de la víctima, Dileni Alcántara, valoró positivamente la decisión judicial, indicando que representa un avance en el proceso que investiga la actuación del agente implicado en el caso.
El expediente está a cargo de la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, quien continúa con la investigación para esclarecer los detalles del incidente y determinar las responsabilidades conforme a la ley.
El caso permanece bajo escrutinio judicial, y las autoridades mantienen la búsqueda de pruebas adicionales para completar el proceso.
La Corte de Apelación ha dejado claro que la medida de prisión preventiva busca garantizar el debido proceso y la correcta administración de justicia.
Las autoridades policiales y judiciales reiteran su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley en este caso que ha generado atención en el ámbito nacional.