Diario al Día| Washington, Estados Unidos – La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó una demanda contra Cash FX Group SA y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo, por presuntamente operar un esquema Ponzi basado en marketing multinivel que habría captado más de 950 millones de dólares de inversionistas en distintos países.

La acción judicial fue presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida y también incluye a otras dos personas vinculadas al proyecto, identificadas como residentes estadounidenses.

Según el documento presentado por la CFTC, Cash FX Group habría recibido fondos de más de 400,000 cuentas entre junio de 2019 y diciembre de 2023, bajo la promesa de utilizar el dinero para realizar operaciones de divisas extranjeras (forex) y generar altos beneficios económicos.

La comisión sostiene que la empresa ofrecía retornos de hasta un 15 % semanal, una promesa que atrajo participantes de diferentes partes del mundo.

Sin embargo, la demanda afirma que gran parte de esas operaciones no habrían ocurrido como se les comunicaba a los inversionistas.

La acusación sobre las supuestas operaciones

De acuerdo con la CFTC, López Castillo habría introducido manualmente los rendimientos mostrados a los usuarios, incluso antes de las fechas en que supuestamente se realizaban las operaciones financieras.

La autoridad estadounidense alega que menos del 1 % de los fondos recibidos habría sido utilizado realmente en actividades de inversión en mercados de divisas.

El supuesto modelo, según la demanda, funcionaba mediante pagos realizados a algunos participantes utilizando dinero aportado por nuevos integrantes, una característica que las autoridades relacionan con un esquema Ponzi.

La CFTC calcula que hasta un 81 % de los participantes perdió dinero. Esto representaría alrededor de 406 millones de dólares en pérdidas para miles de personas que ingresaron al sistema.

Además, la comisión estima que unas 6,000 cuentas pertenecían a ciudadanos estadounidenses, quienes habrían aportado cerca de 27 millones de dólares.

Fondos enviados a cuentas vinculadas al ejecutivo

Dentro de la investigación, la CFTC identificó transferencias por al menos 121 millones de dólares desde Cash FX hacia billeteras digitales que estaban bajo control de López Castillo.

La entidad sostiene que, de ese monto, aproximadamente 96 millones de dólares habrían sido retenidos para uso personal del ejecutivo dominicano.

La demanda también señala movimientos de dinero relacionados con Ronald Pope y Justin Halladay, dos personas vinculadas al proyecto.

Según las autoridades, Pope, residente en Oregon y director ejecutivo de la empresa The Conversion Pros, habría desarrollado y mantenido la plataforma administrativa utilizada por Cash FX.

Mientras tanto, Halladay, residente en Florida, habría promovido el proyecto ante una audiencia en internet interesada en inversiones y se habría presentado como líder del grupo conocido como “Cash FX Power Team”.

Alertas previas en República Dominicana

La investigación de Estados Unidos ocurre años después de que autoridades dominicanas expresaran preocupación por las operaciones de Cash FX Group.

En noviembre de 2021, el entonces superintendente de Bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández W., informó que no se había detectado actividad fraudulenta realizada desde territorio dominicano, aunque señaló que el funcionamiento de la empresa había generado alertas en varias jurisdicciones internacionales.

En ese momento, según las autoridades dominicanas, el caso había llamado la atención de organismos reguladores en países como Nigeria, Australia y Noruega.

Más recientemente, la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana (SIMV) emitió una advertencia sobre Cash FX Group.

La institución indicó que la compañía no estaba registrada en el mercado de valores dominicano y que, por esa razón, no tenía autorización para realizar actividades propias de participantes regulados dentro de ese sector.

La advertencia buscaba informar a posibles inversionistas sobre los riesgos de entregar dinero a entidades que no cuentan con autorización oficial.

Registro en Panamá y advertencias regulatorias

Según los documentos de la demanda, la empresa fue creada inicialmente en Panamá el 22 de mayo de 2018 bajo el nombre Dunlop More Rich Investments.

Posteriormente, el 24 de julio de 2019, habría cambiado su denominación a Cash FX Group S.A.

El regulador panameño también emitió una alerta sobre la compañía. La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá informó en septiembre de 2020 que Cash FX Group no contaba con licencia ni registro para ofrecer servicios relacionados con inversiones.

La entidad indicó que la empresa no estaba autorizada para actividades como intermediación financiera, asesoría de inversión, operaciones de forex o administración de fondos.

En octubre de 2022, la compañía inició procesos de disolución y liquidación en Panamá. Sin embargo, la CFTC señala que habría continuado recibiendo aportes hasta mayo de 2023 y que su página web fue eliminada en octubre de ese mismo año.

Qué busca la CFTC con la demanda

Entre las medidas solicitadas ante la Corte de Florida, la comisión estadounidense pidió que se declare que los demandados cometieron infracciones contra las leyes y regulaciones aplicables.

También solicitó que se prohíban permanentemente las actividades que considera fraudulentas, incluyendo nuevas operaciones financieras, captación de fondos o registros relacionados con el esquema.

La CFTC busca además que las personas afectadas reciban restitución del dinero perdido, incluyendo posibles intereses, y que se impongan sanciones económicas civiles.

Otro de los pedidos es una revisión detallada de los activos, ingresos, obligaciones y movimientos financieros de los involucrados.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una demanda civil presentada por la CFTC y deberán ser evaluadas dentro del proceso judicial correspondiente. La corte será la encargada de determinar las responsabilidades legales y las medidas finales en este caso.

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