Diario al Día| República Dominicana – La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) quedó en el centro de una discusión pública luego de difundirse señalamientos relacionados con una estudiante de 17 años y varios jóvenes que, según versiones divulgadas en medios y redes sociales, serían alumnos de esa institución.
El caso se refiere a hechos que presuntamente ocurrieron el 30 de septiembre. Hasta el momento, las informaciones presentadas públicamente corresponden principalmente a versiones de terceros, mientras que no se ha dado a conocer una denuncia formal de la adolescente ni declaraciones directas de su familia.
De acuerdo con lo expuesto en el programa que abordó el tema, seis estudiantes habrían compartido con la joven en un establecimiento de Santiago antes de producirse una situación en la que presuntamente estuvo involucrada en actos de carácter íntima sin encontrarse en condiciones de dar consentimiento.
Estas afirmaciones permanecen como señalamientos que requieren investigación y no establecen responsabilidad penal contra ninguna persona.
La posición comunicada por UTESA
La universidad emitió un comunicado después de que el caso comenzara a circular ampliamente. Según fue leído durante el programa, la institución indicó que daba seguimiento a la situación y sostuvo que los hechos alegados del 30 de septiembre no ocurrieron dentro de sus instalaciones ni en sus inmediaciones.
Durante la discusión también se aseguró que una ambulancia habría salido del recinto universitario y que la joven recibió algún tipo de asistencia.
Sin embargo, los participantes cuestionaron que hasta ahora no se hayan ofrecido públicamente mayores detalles sobre ese procedimiento.
El panel planteó interrogantes sobre si fueron notificadas autoridades competentes, qué tipo de acompañamiento recibió la estudiante y cuáles medidas internas fueron adoptadas una vez que la universidad conoció la situación.
Esos aspectos no quedaron esclarecidos con la información presentada en el programa.
Estudiantes hacen otros señalamientos
La discusión tomó una dimensión mayor después de que estudiantes comenzaran a publicar comentarios en las plataformas digitales de UTESA y algunos ofrecieran testimonios de manera reservada.
Un periodista que participó en el espacio presentó grabaciones con las voces modificadas para proteger la identidad de las fuentes.
Las personas entrevistadas hicieron señalamientos sobre supuestas conductas inapropiadas de algunos docentes hacia estudiantes.
Una de las jóvenes afirmó que anteriormente había comunicado situaciones relacionadas con profesores y que, según su versión, las respuestas internas no siempre solucionaban el problema.
Otra estudiante aseguró que existe temor a realizar comentarios públicos que puedan afectar la imagen de la institución debido a disposiciones contempladas en reglamentos universitarios.
El propio programa aclaró en varias ocasiones que no podía certificar la veracidad de esas declaraciones y que las presentaba como testimonios de fuentes que debían ser investigados por las autoridades correspondientes.
También se informó que el periodista intentó obtener una explicación directa de la universidad sobre los señalamientos relacionados con profesores.
Según su relato, proporcionó sus datos de contacto, pero hasta el momento de la transmisión no había recibido una respuesta adicional.
Debate sobre las reglas internas
Uno de los puntos analizados fue una disposición atribuida al reglamento estudiantil que limitaría comentarios públicos capaces de afectar la imagen de la universidad o de sus autoridades.
Durante el programa surgió un debate sobre el alcance de este tipo de normas en una institución privada y su relación con el derecho de cualquier estudiante a recurrir ante las autoridades cuando considere que ha sido afectado por una conducta ilegal.
El abogado José Martínez Brito explicó que las universidades privadas pueden establecer condiciones internas aceptadas por sus estudiantes, aunque esas disposiciones no impiden que una persona presente una denuncia ante las autoridades correspondientes.
La discusión se concentró, además, en la responsabilidad institucional de proteger a los estudiantes y establecer mecanismos que permitan comunicar situaciones delicadas sin temor a consecuencias académicas.
El caso de Cornell entró en la discusión
El programa comparó la controversia de Santiago con el proceso que actualmente mantiene bajo atención pública a Cornell University, en Nueva York.
Según lo expuesto, una antigua estudiante de Cornell presentó una demanda civil relacionada con un episodio ocurrido en octubre de 2024 en una residencia vinculada a la fraternidad Chi Phi.
La joven, identificada públicamente mediante un nombre reservado para proteger su privacidad, sostiene que siete estudiantes participaron en actos íntimos sin su consentimiento mientras ella se encontraba en una condición de alta vulnerabilidad.
La demanda incluye señalamientos contra los jóvenes, organizaciones vinculadas a la fraternidad, la propia universidad y otros involucrados.
Las acusaciones forman parte de un proceso judicial y no equivalen por sí solas a una declaración de responsabilidad.
El caso volvió a recibir amplia atención durante 2026 después de la presentación de la acción civil y de cuestionamientos sobre la manera en que las instituciones respondieron originalmente.
Estudiantes y organizaciones universitarias han realizado manifestaciones para reclamar mayor transparencia y medidas adicionales de protección dentro del campus.
Piden que los señalamientos sean investigados
Los participantes del programa insistieron en que el caso relacionado con UTESA debe ser tratado mediante los procedimientos legales correspondientes y evitando convertir las versiones difundidas en redes sociales en conclusiones definitivas.
También solicitaron que cualquier estudiante que posea información pueda comunicarla a las autoridades competentes y recibir garantías para proteger su identidad cuando corresponda.
Hasta la información presentada en el espacio, no se había confirmado públicamente una denuncia formal de la adolescente de 17 años ni se habían divulgado declaraciones directas de su familia.
Por esa razón, sigue siendo necesario distinguir entre los hechos confirmados, las declaraciones de fuentes reservadas y las acusaciones que circulan en plataformas digitales.
El próximo paso dependerá de que las autoridades competentes determinen si existe una denuncia, recopilen los testimonios correspondientes y establezcan qué ocurrió realmente el 30 de septiembre. UTESA, mientras tanto, ha señalado que se mantiene dando seguimiento a la situación.