Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – Un grupo de siete abogados, encabezado por el penalista Carlos Balcácer, solicitó a la Procuraduría General de la República investigar al menos 47 casos relacionados con jóvenes durante operativos policiales.
Los juristas reclaman una investigación independiente sobre procedimientos registrados entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre. Además, Balcácer advirtió que podrían iniciar una acción legal contra el director de la Policía Nacional si no reciben respuesta.
La solicitud fue presentada durante una rueda de prensa realizada en el Palacio de Justicia, donde los abogados explicaron los principales puntos de la instancia depositada ante el Ministerio Público.
Cuestionan cómo fueron investigados los procedimientos
De acuerdo con los juristas, varios de los casos habrían sido presentados inicialmente como actuaciones legales o enfrentamientos, por lo que consideran necesario determinar mediante investigaciones independientes qué ocurrió en cada procedimiento.
El grupo entiende que corresponde al Ministerio Público establecer las circunstancias de cada caso y determinar si existen responsabilidades legales atribuibles a agentes policiales o a cualquier otro funcionario que haya intervenido.
Balcácer señaló al mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, director de la Policía Nacional, al explicar las posibles acciones que contemplan emprender si la solicitud no recibe respuesta.
El abogado hizo referencia al párrafo 1 del artículo 3 del nuevo Código Penal relacionado con la inducción, como parte de los argumentos jurídicos planteados durante su comparecencia.
Balcácer menciona la denominada “clave 29”
Otro de los aspectos mencionados por Balcácer fue la denominada “clave 29”, expresión que vinculó con una supuesta exhortación dirigida a integrantes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
Estas afirmaciones forman parte del planteamiento presentado por los abogados y deberán ser examinadas por las autoridades competentes. La instancia busca precisamente que se establezca qué ocurrió y si las actuaciones se realizaron conforme a la legislación.
Balcácer sostuvo que algunos de los hechos denunciados podrían encajar en infracciones agravadas. Sin embargo, cualquier eventual responsabilidad deberá ser establecida mediante el correspondiente proceso de investigación y las garantías previstas por la ley.
“Mantendremos nuestra posición”, expresó el penalista al explicar que el documento presentado constituye el primer paso dentro de las acciones anunciadas por el equipo jurídico.
Piden revisar grabaciones, informes y testimonios
La solicitud está firmada también por los abogados Cándido Simón, Manuel Sierra Pérez, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez, Valentyn Medrano y Guarionex Ventura.
Entre las diligencias solicitadas se encuentra la revisión de informes técnicos, peritajes especializados, grabaciones de cámaras corporales y actas vinculadas con los procedimientos cuestionados.
También piden recopilar los testimonios disponibles y escuchar tanto a testigos presenciales como a familiares de los jóvenes involucrados. El objetivo, según plantearon, es reconstruir las circunstancias particulares de cada episodio.
Los abogados sostienen que la respuesta de las instituciones frente a las conductas ilícitas debe desarrollarse respetando la protección de las personas, el debido proceso y el derecho de defensa.
En ese sentido, señalaron que la investigación de una persona señalada por una posible infracción no elimina las garantías legales que deben acompañar las actuaciones de los organismos estatales.
Aseguran disponer de grabaciones sobre algunos casos
Balcácer aseguró que el equipo dispone de grabaciones relacionadas con los casos denunciados y adelantó que ese material sería depositado oportunamente como parte de las diligencias solicitadas.
También cuestionó la presunta ausencia de representantes del Ministerio Público durante algunos de los procedimientos incluidos en la instancia. Esa afirmación corresponde al planteamiento de los abogados y deberá ser verificada dentro de cualquier investigación que sea abierta.
El penalista indicó además que tienen señalamientos sobre determinadas actas que habrían sido completadas posteriormente por representantes del Ministerio Público. Advirtió que, de comprobarse alguna irregularidad, podrían derivarse consecuencias legales.
Durante su intervención, Balcácer expresó igualmente preocupación por el respaldo que algunos sectores de la sociedad ofrecen a procedimientos realizados, según su planteamiento, fuera de los controles institucionales establecidos.
Abogados fijan plazo para recibir una respuesta
Los profesionales del derecho indicaron que esperarán hasta la próxima semana por una respuesta de las autoridades a la instancia presentada.
En caso de no recibirla, Balcácer anunció que el equipo procederá con la acción legal mencionada contra el director de la Policía Nacional.
Por el momento, la petición central de los siete abogados es que el Ministerio Público examine individualmente los 47 casos señalados, revise las evidencias disponibles y determine, mediante una investigación independiente, si existen responsabilidades legales relacionadas con los procedimientos cuestionados.