Diario al Día| Nueva York, Estados Unidos – La ciudad de Nueva York aceptó una propuesta de acuerdo por 60 millones de dólares para compensar a cientos de residentes que perdieron sus derechos de propiedad sobre viviendas mediante un programa municipal de transferencia de edificios.
Entre los afectados figuran familias del Bronx que habían comprado apartamentos cooperativos y posteriormente descubrieron que ya no eran propietarios, sino inquilinos de las viviendas que consideraban parte de su patrimonio.
El acuerdo surge después de siete años de litigio y todavía necesita la aprobación de un juez y de los residentes involucrados.
Familias del Bronx relatan cómo perdieron sus propiedades
Isabel Adon es una de las residentes afectadas. A finales de la década de 1970, trabajó para adquirir una vivienda cooperativa asequible en un edificio ubicado en Nelson Avenue, en el Bronx.
Su intención era conservar el apartamento como patrimonio familiar y dejarlo a sus hijos. Sin embargo, años después recibió una noticia que cambió sus planes.
Según relató a WABC, ella y decenas de familias del edificio descubrieron que habían perdido sus derechos de propiedad sin recibir compensación económica.
Adon explicó que los residentes pasaron de ser propietarios a inquilinos prácticamente de un día para otro, sin comprender inicialmente cómo se había producido ese cambio.
La mujer considera que la situación afectó directamente su posibilidad de construir un patrimonio que pudiera beneficiar a las siguientes generaciones de su familia.
Otro residente, Junior González, también perdió sus derechos sobre una vivienda cooperativa que había adquirido después de prestar servicio en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
González aseguró que el proceso le provocó numerosas noches de preocupación y describió la disputa legal como una nueva batalla, esta vez relacionada con su hogar y el de sus vecinos.
Cómo funcionaba el programa de transferencia de edificios
El origen del conflicto está relacionado con un mecanismo municipal conocido como Transferencia a Terceros (TPT), utilizado por Nueva York para intervenir determinadas propiedades.
Mediante este programa, la ciudad identificaba edificios que consideraba afectados por problemas financieros o de mantenimiento y transfería sus títulos de propiedad a organizaciones sin fines de lucro para su administración.
En 2018, el mecanismo se aplicó a propiedades donde vivían Adon, González y otros residentes que posteriormente reclamaron por la pérdida de sus derechos.
La práctica no se limitó al Bronx. Durante aproximadamente tres décadas, Nueva York utilizó este procedimiento en más de 500 propiedades, mediante diferentes rondas de transferencias.
Una investigación del Ayuntamiento de Nueva York encontró que la mayoría de los inmuebles seleccionados estaban ubicados en comunidades de minorías.
El informe también señaló que aproximadamente la mitad de las propiedades incluidas no cumplían con las condiciones legales para ser consideradas en deterioro.
Demanda presentada en 2019 dio paso al acuerdo
La controversia llegó a un tribunal federal en 2019, cuando los abogados Yolande Nicholson y Matthew L. Berman presentaron una demanda contra la ciudad.
Posteriormente, otros equipos legales se incorporaron al proceso para representar a los residentes afectados por las transferencias.
Uno de los principales argumentos de los demandantes se basa en la protección constitucional de la propiedad privada y el derecho a recibir una compensación justa cuando el gobierno la adquiere para uso público.
Berman, del bufete Valli Kane & Vagnini, explicó que ese principio constituye una parte fundamental de la reclamación presentada ante la justicia.
Después de varios años de procedimientos judiciales, las partes alcanzaron una propuesta de acuerdo por 60 millones de dólares.
La compensación está dirigida a cientos de afectados por la última ronda de transferencias, y no incluye automáticamente a todas las personas que perdieron sus propiedades durante las décadas anteriores.
Nicholson expresó su esperanza de que el resultado del proceso contribuya a modificar las prácticas municipales relacionadas con las viviendas.
Ciudad de Nueva York plantea mantener el programa con reformas
A pesar del acuerdo propuesto, las autoridades municipales han manifestado su intención de continuar utilizando el sistema de transferencia de propiedades, aunque con modificaciones.
Un portavoz del Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas de Nueva York indicó que la administración de Zohran Mamdani trabaja junto al Ayuntamiento para actualizar el programa.
Según la institución, las reformas buscan atender las preocupaciones planteadas en las demandas y contribuir a preservar viviendas seguras y estables para los residentes.
Los abogados de los demandantes mantienen una posición diferente y consideran que el mecanismo debería dejar de utilizarse.
Nicholson cuestionó que pueda reformarse un sistema cuya aplicación, según sostiene, ha presentado problemas legales generalizados.
Por su parte, Berman argumentó que el gobierno ya dispone de procedimientos legales de expropiación para desarrollar políticas públicas relacionadas con propiedades privadas.
Residentes esperan decisión judicial sobre los 60 millones
Aunque la propuesta representa un avance en el litigio, algunos afectados mantienen una actitud reservada hasta que el acuerdo quede aprobado y se concrete la compensación.
González explicó que los residentes sienten cierto alivio porque sus reclamaciones finalmente han recibido atención, aunque todavía consideran que el proceso no ha terminado.
Adon insistió en que su principal preocupación continúa siendo la pérdida de un patrimonio que esperaba transmitir a sus hijos.
La residente afirmó que el programa limitó sus posibilidades de generar riqueza familiar a largo plazo y de alcanzar una de sus principales aspiraciones como propietaria de vivienda en Estados Unidos.
El acuerdo de 60 millones de dólares permanece pendiente de revisión judicial y de la aprobación de los residentes incluidos en la propuesta. Según la información divulgada, el proceso podría quedar resuelto durante el verano de 2027.