Diario al Día| Boston, Massachusetts, Estados Unidos – La ciudadana estadounidense Jennifer González, de 43 años, de origen dominicano, figura entre seis personas acusadas de organizar matrimonios simulados para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos.
La Fiscalía federal de Massachusetts informó que la presunta operación funcionó durante más de 10 años y habría generado aproximadamente US$6 millones, según las estimaciones presentadas por las autoridades.
González, residente en Fall River, Massachusetts, es señalada como la principal organizadora del esquema, mediante el cual supuestamente cobraba miles de dólares a extranjeros interesados en regularizar su situación migratoria.
La relación de Jennifer González con República Dominicana
Uno de los aspectos destacados por los investigadores es el destino que González presuntamente daba al dinero obtenido mediante los matrimonios organizados.
Según la fiscal federal Leah B. Foley, durante conversaciones grabadas, la acusada aseguró que utilizaba parte de sus ingresos para comprar terrenos, propiedades y negocios en República Dominicana.
En una de esas conversaciones, González explicó que acostumbraba invertir el dinero que le sobraba en nuevas propiedades dentro del país, al que identificaba como suyo.
También manifestó que tenía varios terrenos y que deseaba adquirir propiedades para sus hijos, quienes, según sus declaraciones, disfrutaban visitar República Dominicana durante las vacaciones.
Las autoridades estadounidenses identificaron a González como ciudadana de Estados Unidos. Su vinculación con República Dominicana forma parte de las declaraciones incorporadas a la investigación.
Cuánto cobraban por los matrimonios organizados
Los documentos judiciales establecen que la presunta organización cobraba entre US$38,000 y US$40,000 por cada matrimonio simulado.
De acuerdo con la acusación, González coordinaba aproximadamente 18 a 20 matrimonios anuales, una actividad que le habría permitido recibir cientos de miles de dólares cada año.
El mecanismo consistía en relacionar a extranjeros sin estatus migratorio regular con ciudadanos estadounidenses dispuestos a contraer matrimonio a cambio de una compensación económica.
Posteriormente, los participantes presentaban documentos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para solicitar beneficios migratorios.
La Fiscalía sostiene que González orientaba a los participantes sobre cómo presentar sus relaciones como matrimonios auténticos.
Entre las recomendaciones atribuidas a la acusada figuraban abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida y conservar fotografías de actividades realizadas como pareja.
También habría explicado que necesitaba entre tres y cuatro meses para preparar la documentación utilizada en las solicitudes migratorias.
Los otros cinco acusados en Massachusetts
Además de Jennifer González, las autoridades identificaron a Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31; y Jaylin Hill, de 26.
Según el expediente, González habría pagado a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill para participar en matrimonios simulados con personas interesadas en obtener documentos migratorios.
Por su parte, Amara Pugh supuestamente desempeñaba funciones administrativas y trabajaba como secretaria de la organización.
González, Daniels, Alejandro, Pugh y Tavares fueron detenidas el miércoles 21 de octubre, mientras que Hill ya cumplía una condena estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Las autoridades también indicaron que algunos participantes recibían pagos mensuales de aproximadamente US$500 para mantener los matrimonios durante varios años.
Grabaciones y documentos incluidos en la investigación
Entre los elementos presentados por la Fiscalía figuran grabaciones de audio y video obtenidas durante conversaciones con una persona que colaboró con los investigadores.
En uno de esos encuentros, González supuestamente recibió US$3,000 en efectivo como adelanto para organizar un matrimonio.
La acusación también describe un contrato presentado como préstamo, que habría sido utilizado para documentar los pagos sin mencionar directamente el acuerdo matrimonial.
Durante las conversaciones registradas, González hizo referencia a los cambios en las políticas migratorias estadounidenses y a las dificultades que, según su percepción, enfrentaban los extranjeros desde 2025.
Los investigadores sostienen que la acusada había reducido sus actividades relacionadas con matrimonios hacia finales de 2024.
También examinan beneficios de asistencia alimentaria
La investigación federal incluye posibles irregularidades relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a ayudar a personas y familias con recursos limitados.
Según los documentos judiciales, varios participantes habrían presentado solicitudes de asistencia indicando que nunca estuvieron casados, pese a haber utilizado matrimonios en trámites migratorios.
En el caso de González, las autoridades alegan que recibió y utilizó más de US$120,000 en beneficios SNAP mientras desarrollaba la presunta operación y adquiría propiedades en República Dominicana.
Las posibles penas que enfrentan los acusados
Los seis procesados enfrentan acusaciones federales relacionadas con fraude matrimonial, conspiración y alojamiento de extranjeros en situación migratoria irregular.
Los cargos vinculados al alojamiento de extranjeros contemplan penas de hasta 10 años de prisión por cada infracción, además de multas y períodos de libertad supervisada.
Por otro lado, los cargos de fraude matrimonial y conspiración para cometerlo establecen penas máximas de cinco años de prisión por cada delito.
Las sanciones definitivas dependerán de las decisiones que adopte el tribunal federal si se determina responsabilidad penal.
El anuncio del proceso fue realizado por la fiscal Leah B. Foley, junto con representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional y del USCIS.
La Fiscalía federal de Massachusetts informó que la investigación continúa, mientras el expediente judicial examina los matrimonios organizados, los documentos migratorios presentados y los pagos atribuidos a los participantes.
🇺🇸 “The American Dream is not for sale”
ICYMI: Federal charges were unsealed today against six individuals in connection with a large-scale marriage fraud ring operating in Massachusetts for more than a decade.
According to court documents, the alleged ringleader earned millions of dollars arranging sham marriages between illegal aliens and U.S. citizens, charging up to $40,000 per marriage to fraudulently obtain immigration status.
The operation allegedly arranged 18–20 sham marriages annually, using staged wedding photographs and fraudulent documentation to deceive immigration authorities.
During the investigation, the alleged ringleader was recorded describing Massachusetts as a “sanctuary” and telling a customer, “Massachusetts is the best place for you to be.”
🎥 WATCH PRESS CONFERENCE: https://t.co/F1yZL9pD0X
🔗 READ PRESS RELEASE: https://t.co/62qfA9K6Bi— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 21, 2026