Diario al Día| Samaná, República Dominicana – El exdirector de Migración Enrique García ofreció nuevas explicaciones sobre la situación de Paola Michelle Fabián Mora, mencionada en la investigación por la sustracción de RD$1.8 millones a un ciudadano en Samaná.
Durante una entrevista en el programa Esto No Es Radio, García aseguró que la joven había vendido el vehículo relacionado con el caso varios meses antes de que ocurrieran los hechos.
La aclaración se produjo después de que el comunicador Ramón Tolentino presentara el lunes 19 de octubre una orden de arresto contra Fabián Mora, junto con grabaciones y documentos utilizados en la investigación.
Enrique García presenta nueva información sobre el vehículo
El exfuncionario explicó que el automóvil vinculado al expediente había sido vendido en marzo de 2026, mientras que la sustracción del dinero ocurrió el 1 de julio de ese mismo año.
Según García, esa diferencia de fechas es fundamental para comprender la situación de Paola, debido a que el vehículo todavía aparecía registrado a su nombre cuando los investigadores consultaron la placa.
El exdirector sostuvo que la familia entregó a las autoridades un documento de compraventa que identifica a la persona que adquirió el automóvil.
También aseguró que la Fiscalía de Samaná recibió esa información y que las diligencias posteriores permitieron aclarar la relación de la joven con el vehículo.
García reconoció que la orden de arresto presentada por Tolentino era auténtica, pero afirmó que correspondía a una etapa anterior de la investigación.
En ese sentido, consideró que el problema surgió porque la documentación utilizada públicamente no reflejaba las explicaciones ofrecidas posteriormente por la familia.
Paola Fabián identifica al comprador del automóvil
Uno de los momentos más importantes de la entrevista ocurrió cuando Paola Michelle Fabián Mora participó mediante una llamada telefónica para explicar directamente lo sucedido.
La joven identificó a José Manuel Lloveras como la persona a quien fue vendido el vehículo que posteriormente apareció relacionado con la investigación.
Paola aclaró que no realizó personalmente la negociación, sino que su pareja se encargó de gestionar la venta, aunque el automóvil permanecía registrado a su nombre.
Esta declaración aportó un dato que no había sido explicado durante la primera presentación del caso: la existencia de una venta anterior al hecho investigado.
De acuerdo con García, el documento correspondiente fue entregado a las autoridades junto con los datos de identificación del comprador.
Explican por qué Paola bloqueó llamadas de investigadores
Otro punto abordado durante la entrevista fue la afirmación inicial de que Paola había bloqueado números telefónicos utilizados por agentes que intentaban comunicarse con ella.
García explicó que la joven recibió un mensaje de voz que desaparecía automáticamente, enviado por una persona que supuestamente pertenecía al Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM).
Según su versión, Paola devolvió la llamada para conocer quién intentaba contactarla, pero posteriormente decidió bloquear el número porque desconfiaba de la comunicación.
El exfuncionario relacionó esa reacción con situaciones anteriores que habían afectado a la familia, incluyendo una presunta estafa telefónica de RD$50,000 contra la madre de su pareja.
Por esa razón, sostuvo que el bloqueo no estuvo motivado por un intento de impedir las investigaciones, sino por el temor de que se tratara de otra llamada engañosa.
Denuncian trato irregular contra el padre de Paola
Durante su intervención, García también presentó una denuncia sobre el trato recibido por el padre de la joven cuando acudió a responder preguntas relacionadas con el automóvil.
Según relató, el hombre fue contactado por agentes y solicitó que cualquier encuentro se realizara en una dependencia policial para verificar la identidad de quienes lo buscaban.
El encuentro se produjo inicialmente en el destacamento de Villa Faro, desde donde posteriormente fue trasladado a otra instalación policial.
García aseguró que el hombre terminó siendo llevado a Samaná, donde permaneció retenido durante la noche mientras se realizaban diligencias sobre el vehículo.
El exfuncionario cuestionó específicamente la actuación de un oficial identificado como el mayor Orlando, del DICRIM de Samaná, a quien atribuyó un trato inadecuado durante el procedimiento.
De acuerdo con su relato, el padre presentó ante representantes del Ministerio Público la documentación sobre la venta del automóvil y los datos de su comprador.
Posteriormente, el hombre fue puesto en libertad, según explicó García durante la entrevista.
García asegura que Paola acudió a verificar su situación
El exdirector de Migración afirmó que, después de conocer las diligencias realizadas por la familia, mantuvo comunicación con representantes de la Fiscalía de Samaná.
Según explicó, recibió información de que los documentos sobre la venta ya habían sido aportados y que las autoridades continuarían trabajando con esos datos.
También señaló que recomendó a Paola acudir a Samaná para verificar personalmente su situación judicial antes de presentarse públicamente a ofrecer explicaciones.
García aseguró que la joven realizó esa gestión y que, según la información obtenida, no existía una segunda orden de arresto en su contra.
Sin embargo, durante el intercambio sostuvo que la orden presentada inicialmente no había sido retirada oportunamente, situación que atribuyó a una falta de actualización del proceso.
El exfuncionario manifestó preocupación por las consecuencias que la difusión del caso había tenido para Paola, especialmente en su entorno laboral.
Tolentino defiende la presentación de los documentos
Durante la conversación, Ramón Tolentino recordó que su exposición original estuvo sustentada en documentos relacionados con una investigación del Ministerio Público.
El comunicador insistió en que no había inventado la orden de arresto y que las informaciones presentadas procedían del expediente al que tuvo acceso.
Varios integrantes del programa también señalaron que la existencia de una orden judicial justificaba informar sobre ella, independientemente de las aclaraciones posteriores.
García respondió que no estaba acusando a Tolentino de divulgar información falsa de manera intencional. Su planteamiento fue que los documentos mostrados correspondían a una fase anterior del procedimiento.
El exfuncionario explicó que decidió acudir personalmente al espacio para presentar la versión de la familia y evitar que se continuara relacionando a Paola con hechos que, según sostuvo, ya habían sido aclarados ante las autoridades.
La investigación por los RD$1.8 millones continúa
El expediente original corresponde a la sustracción de RD$1,800,000 pertenecientes a Samuel Bernardo Wilmore Philips, quien había retirado el dinero de una sucursal bancaria en Santa Bárbara de Samaná.
Las grabaciones presentadas inicialmente mostraban el seguimiento de un automóvil y los movimientos de varias personas relacionadas con el hecho.
En esa investigación también fue mencionado el ciudadano colombiano Luis Fernando Bedolla Rivera, vinculado al alquiler de un vehículo utilizado durante el recorrido.
Según lo expuesto por Tolentino, existe una orden de arresto contra Bedolla Rivera y se solicitó cooperación de Interpol para facilitar su localización.
La nueva intervención de Enrique García se concentró específicamente en aclarar la relación de Paola con el segundo automóvil identificado durante las diligencias.
Como resultado de esa aclaración pública, quedaron expuestos el nombre del comprador, la fecha de la venta y la entrega de documentos a la Fiscalía de Samaná.
García reiteró que el acto de compraventa de marzo de 2026 y los datos de José Manuel Lloveras ya se encuentran en manos de las autoridades encargadas del expediente.