Diario al Día| Massachusetts, Estados Unidos – Un dominicano de 34 años, identificado como Manuel Alejandro Peña, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de salir de prisión, donde cumplió una condena de nueve años por delitos cometidos en 2017.

La detención ocurrió durante la segunda semana de noviembre de 2026, luego de que Peña fuera liberado de la cárcel del condado de Worcester. Las autoridades migratorias informaron que el dominicano tenía una orden de deportación emitida en 2025.

El caso provocó un enfrentamiento de posiciones entre ICE y las autoridades de Massachusetts, debido a una legislación estatal que establece límites a la colaboración de policías y funcionarios locales con las agencias federales de inmigración.

¿Por qué ICE buscaba al dominicano?

Peña había cumplido una condena relacionada con allanamiento de morada y agresión con un arma peligrosa que provocó lesiones corporales. Los hechos ocurrieron en 2017, según la información divulgada sobre su historial judicial.

Antes de recuperar su libertad, había sido trasladado desde otra prisión de Massachusetts al centro penitenciario del condado de Worcester.

Además, registra una condena por abandonar el lugar de un incidente que ocasionó daños materiales. También enfrenta una acusación pendiente relacionada con una presunta agresión contra un empleado penitenciario, de acuerdo con informaciones publicadas por medios locales.

Un juez de inmigración había ordenado su expulsión de Estados Unidos durante 2025, por lo que su salida de prisión no significaba que su situación migratoria estuviera resuelta.

ICE cuestiona que no recibiera aviso de su liberación

La oficina de ICE en Boston aseguró que las autoridades del condado de Worcester dejaron salir a Peña sin comunicar previamente su liberación a los funcionarios federales.

La agencia atribuyó esa situación a la Ley PROTECT de Massachusetts y sostuvo en una publicación en X que el dominicano quedó fuera de la custodia estatal pese a existir una orden de expulsión.

Posteriormente, agentes migratorios consiguieron localizarlo y detenerlo durante un operativo selectivo. La agencia presentó esa actuación como parte de sus esfuerzos para ejecutar órdenes migratorias pendientes.

Qué establece la Ley PROTECT de Massachusetts

La gobernadora Maura Healey promulgó esta legislación el 5 de agosto de 2026. La normativa limita la participación de autoridades estatales y locales en determinadas operaciones federales de inmigración.

Entre sus disposiciones figura la prohibición de prolongar una detención únicamente por una solicitud migratoria civil de ICE. También restringe ciertos intercambios de información y avisos anticipados sobre personas bajo custodia, con excepciones establecidas por la legislación.

La ley contempla protecciones adicionales en escuelas, hospitales y tribunales, donde determinados arrestos civiles requieren una orden judicial.

El Gobierno de Massachusetts sostiene que estas medidas buscan proteger derechos constitucionales y garantizar que los residentes puedan acudir a servicios esenciales sin temor a determinadas actuaciones migratorias.

En declaraciones oficiales sobre la legislación, Healey expresó: “Hoy, Massachusetts está defendiendo lo que es correcto y tomando medidas para mantener seguros a nuestros residentes y comunidades”.

Sin embargo, ICE considera que las restricciones dificultan la coordinación con autoridades locales cuando una persona condenada por delitos graves queda en libertad y tiene una orden migratoria pendiente.

Qué se sabe sobre la situación actual de Manuel Alejandro Peña

El comunicado oficial de ICE, publicado el 19 de noviembre de 2026, precisó que el arresto del dominicano ocurrió el 10 de noviembre en Worcester, durante una operación dirigida de sus agentes.

La detención se produjo después de que Peña terminara su condena estatal, pero todavía tuviera pendiente una orden de expulsión emitida por un juez de inmigración.

Hasta la información oficial disponible, ICE confirmó su arresto, pero no una deportación ejecutada. Tampoco se había anunciado públicamente una fecha para su traslado a República Dominicana.

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