Diario al Día| San Francisco de Macorís, Duarte, República Dominicana – El abogado penalista Cándido Simón advirtió que Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por un presunto plan contra el presidente Luis Abinader, podría enfrentar una condena de entre 40 y 60 años de prisión, dependiendo de las pruebas y de la calificación jurídica del caso.
La advertencia surge mientras el Ministerio Público acusa de terrorismo al detenido y solicita tres meses de prisión preventiva. El joven fue arrestado el martes 3 de noviembre de 2026, durante un allanamiento en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
El caso ha generado distintas interpretaciones sobre las posibles sanciones. Mientras Simón plantea un escenario de penas considerablemente mayores, otras disposiciones del Código Penal establecen castigos de uno a dos años por determinadas amenazas de muerte.
Cándido Simón explica por qué la condena podría ser mayor
El abogado sostuvo que la situación jurídica de De la Cruz Sosa podría agravarse si las autoridades demuestran que el supuesto plan incluía componentes químicos destinados a materializar un atentado contra el mandatario.
Según su explicación, la presencia y el posible uso de esos materiales podrían influir en la clasificación de las infracciones investigadas y en las sanciones que eventualmente serían solicitadas.
Simón mencionó penas de entre 40 y 60 años de prisión como una posibilidad jurídica, no como una condena establecida ni como una decisión adoptada por los tribunales.
Hasta el momento, no se ha confirmado que las sustancias ocupadas fueran utilizadas para preparar un atentado. Tampoco se han divulgado resultados periciales que permitan determinar su naturaleza o finalidad.
El Código Penal contempla penas de uno a dos años por amenazas de muerte
Una calificación diferente surge del artículo 154 del Código Penal dominicano, contenido en la Ley 74-25 y sus modificaciones, que regula las amenazas realizadas mediante palabras, documentos, imágenes, gestos u otros medios.
Cuando una amenaza anuncia la muerte de una persona y reúne los requisitos establecidos legalmente, la disposición contempla penas de uno a dos años de prisión, además de multas equivalentes a tres o seis salarios mínimos del sector público.
Esta sanción corresponde a una figura penal específica y no determina necesariamente el resultado del proceso contra De la Cruz Sosa, debido a que la investigación incluye señalamientos de mayor gravedad.
Para aplicar una sanción, las autoridades tendrían que demostrar los elementos de la infracción correspondiente. Una amenaza, por sí sola, no equivale jurídicamente a un atentado ejecutado.
Otras penas que podrían examinarse en la investigación
El artículo 92 del Código Penal establece penas de 30 a 40 años de prisión para el homicidio agravado contra el presidente de la República.
Por su parte, el artículo 14 regula la tentativa de determinadas infracciones graves, una figura que exige demostrar un comienzo de ejecución y que el resultado no ocurrió por circunstancias ajenas a la voluntad del responsable.
Esto significa que no basta con identificar expresiones amenazantes o una supuesta intención. Para una acusación por tentativa deben acreditarse hechos que cumplan los requisitos legales.
Las diferencias entre estas sanciones explican por qué las posibles consecuencias penales del caso varían según la conducta que finalmente pueda demostrarse.
Ninguna de esas penas puede atribuirse automáticamente al detenido. Corresponde al Ministerio Público sustentar los cargos y al tribunal determinar si las pruebas permiten establecer responsabilidad penal.
Presunto plan habría estado previsto para el 6 de noviembre
De acuerdo con los documentos utilizados para solicitar los allanamientos, las autoridades investigan un supuesto plan contra el presidente Luis Abinader que habría estado previsto para el viernes 6 de noviembre de 2026.
La fecha coincide con la conmemoración del Día de la Constitución, y el lugar señalado en la investigación sería la sede del Congreso Nacional.
Las informaciones conocidas indican que organismos de inteligencia alertaron sobre presuntas amenazas, lo que permitió iniciar las diligencias judiciales y solicitar las autorizaciones correspondientes.
Sin embargo, no se han divulgado todos los elementos que dieron origen a esas alertas ni se ha establecido públicamente que el investigado hubiera comenzado a ejecutar el supuesto atentado.
Allanaron la vivienda del joven y una ferretería donde trabajaba
El arresto ocurrió durante un procedimiento realizado en un apartamento del segundo nivel de una vivienda ubicada en la calle Joaquín Balaguer, sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.
Las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, situada en la avenida Profesor Juan Bosch, donde De la Cruz Sosa trabajaba hasta el momento de su detención.
No se ha informado si el establecimiento tomó alguna decisión sobre la relación laboral del investigado después del arresto.
Los procedimientos fueron autorizados por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, a solicitud de representantes del Ministerio Público.
La investigación cuenta además con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Equipos electrónicos y sustancias químicas bajo investigación
Durante las diligencias, las autoridades ocuparon dispositivos electrónicos y sustancias químicas que están siendo evaluados para determinar si guardan relación con las amenazas investigadas.
La solicitud de allanamiento también contemplaba la búsqueda de teléfonos, computadoras, armas de fuego, materiales militares y posibles artefactos explosivos que pudieran constituir evidencias.
La ocupación de esos objetos no significa que todos los materiales buscados hayan sido encontrados ni confirma que las sustancias químicas estuvieran destinadas a actividades delictivas.
Precisamente, la posibilidad de establecer una relación entre esos materiales y el supuesto plan constituye uno de los elementos mencionados por Cándido Simón al explicar por qué la investigación podría adquirir mayor gravedad.
Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva
El miércoles 4 de noviembre de 2026, el Ministerio Público depositó una solicitud de tres meses de prisión preventiva contra De la Cruz Sosa ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís.
La petición constituye una medida de coerción solicitada durante la investigación y no una sentencia condenatoria. Su aprobación dependerá de la evaluación del tribunal.
En la documentación judicial se hace referencia a la presunta planificación de un atentado terrorista contra el presidente, aunque todavía corresponde demostrar los hechos atribuidos al detenido.
Hasta el 5 de noviembre de 2026, la información confirmada indica que la solicitud de prisión preventiva permanece pendiente de conocimiento judicial y que no se ha anunciado una condena.
La responsabilidad de Delvinson De la Cruz Sosa, así como cualquier eventual sanción, dependerá de los cargos que puedan sustentarse, los resultados de las evaluaciones y las decisiones que adopten los tribunales.
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