Declararse en bancarrota en Estados Unidos es una decisión legal seria que puede aliviar una carga financiera extrema, pero también tiene efectos duraderos. Comprender el proceso, sus alternativas y consecuencias es clave antes de dar el paso.
Muchas personas llegan a este punto tras meses, incluso años, intentando ponerse al día con tarjetas, préstamos, facturas médicas o hipotecas. La bancarrota existe para ofrecer un nuevo comienzo, no como un castigo.
Qué significa declararse en bancarrota en EE. UU.
La bancarrota es un procedimiento legal federal que permite a personas o empresas reorganizar o eliminar ciertas deudas bajo supervisión judicial. El objetivo es equilibrar los derechos del deudor con los de los acreedores.
No todas las deudas se eliminan, ni todos califican automáticamente. El tipo de bancarrota, los ingresos, los activos y el historial financiero influyen directamente en el resultado final.
¿Es obligatorio declararse en bancarrota con un abogado?
La ley no obliga a contratar un abogado para declararse en bancarrota. Técnicamente, una persona puede representarse a sí misma ante el tribunal.
Sin embargo, hacerlo sin asesoría legal suele implicar riesgos. El Código de Bancarrota es complejo, y un error en formularios o plazos puede provocar el rechazo del caso.
Un abogado especializado puede evaluar su situación completa y recomendar la estrategia más conveniente. También puede detectar alternativas menos drásticas que la quiebra formal.
En casos empresariales, especialmente bajo el Capítulo 11, la asistencia legal es prácticamente indispensable debido a la complejidad del proceso.
Cómo puede ayudar un abogado de bancarrota
- Explicar qué tipo de bancarrota se ajusta mejor a su situación.
- Preparar y revisar toda la documentación requerida.
- Representarlo ante el tribunal y el síndico.
- Negociar con acreedores y responder objeciones.
Además, puede orientarlo en temas delicados como ejecuciones hipotecarias, embargos, deudas fiscales o demandas pendientes.
Asesoría de crédito: un requisito legal previo
Antes de presentar una solicitud de bancarrota, la ley federal exige recibir asesoría de crédito al consumidor. Esta debe realizarse dentro de los 180 días previos a la solicitud.
El asesor evalúa su situación financiera y analiza alternativas como planes de pago, consolidación de deudas o acuerdos con acreedores.
Esta asesoría debe realizarse con una entidad aprobada oficialmente. Sin este certificado, el tribunal puede rechazar la solicitud.
Elegir el tipo de bancarrota correcto
Antes de iniciar el proceso, es imprescindible decidir bajo qué capítulo se presentará la bancarrota. La elección depende de ingresos, activos y tipo de deudas.
Bancarrota del Capítulo 7
Conocida como bancarrota por liquidación, es la opción más común para personas con ingresos limitados. Permite eliminar la mayoría de las deudas no garantizadas.
Un síndico revisa los activos del solicitante y puede vender aquellos no exentos para pagar parcialmente a los acreedores.
Para aplicar, se debe superar la prueba de medios, que compara sus ingresos con el promedio estatal.
La documentación requerida incluye ingresos, gastos, deudas, propiedades, impuestos y obligaciones familiares.
Bancarrota del Capítulo 13
Este tipo permite reorganizar las deudas mediante un plan de pagos supervisado por el tribunal, usualmente de tres a cinco años.
Está dirigida a personas con ingresos regulares que no califican para el Capítulo 7 o desean proteger activos específicos.
Existen límites de deuda garantizada y no garantizada, que se actualizan periódicamente.
También se exige estar al día con declaraciones de impuestos recientes y haber completado la asesoría de crédito.
Cómo iniciar formalmente una declaración de bancarrota
El proceso comienza con la presentación de una petición formal ante el Tribunal de Bancarrota correspondiente a su jurisdicción.
En ese momento deben pagarse las tasas judiciales o solicitar un plan de pagos si califica.
Una vez presentada la petición, entra en vigor la suspensión automática, que detiene embargos, llamadas de cobradores y demandas.
La reunión de acreedores (Reunión 341)
Tras la presentación, el solicitante debe asistir a una reunión con el síndico y los acreedores. No es un juicio, pero sí un acto formal.
El objetivo es verificar la información presentada y aclarar dudas sobre activos, ingresos y deudas.
El síndico también confirma que el solicitante entiende qué deudas no serán eliminadas.
Plan de pago o liquidación de activos
En el Capítulo 7, el síndico determina si existen activos no exentos que puedan venderse para pagar deudas.
En el Capítulo 13, se presenta un plan de pagos que debe ser aprobado por el tribunal.
Los acreedores tienen un plazo para objetar el plan o la exclusión de deudas específicas.
Protección de salarios y beneficios
La bancarrota ofrece protección contra el embargo de ciertos ingresos esenciales para la subsistencia.
Las leyes federales y estatales establecen exenciones claras para evitar que el deudor quede sin medios básicos.
- Ingresos equivalentes al salario mínimo.
- Seguro Social y beneficios por discapacidad.
- Compensación por desempleo.
- Pensiones y ayudas públicas.
- Beneficios para veteranos.
Deudas que no se eliminan en la bancarrota
No todas las obligaciones desaparecen con la quiebra. Algunas deudas permanecen vigentes incluso después del proceso.
- Pensión alimenticia y conyugal.
- Préstamos estudiantiles, salvo excepciones muy específicas.
- Impuestos federales recientes.
- Multas y sanciones penales.
- Daños derivados de DUI o DWI.
Alternativas para evitar la bancarrota
Antes de declararse en quiebra, es recomendable explorar otras opciones. En algunos casos, pueden ser suficientes para estabilizar la situación.
Negociaciones directas con acreedores, planes de pago, asesoría financiera o consolidación de deudas pueden ofrecer alivio sin recurrir a la corte.
Un abogado o asesor financiero puede ayudarle a evaluar estas alternativas de forma realista.
Reflexión final
La bancarrota no es una derrota personal, sino una herramienta legal diseñada para situaciones financieras extremas.
Tomar una decisión informada, con asesoría adecuada, puede marcar la diferencia entre un alivio real y problemas futuros.
Si enfrenta una carga de deuda insostenible, consultar con un abogado especializado puede ayudarle a proteger sus derechos y su estabilidad financiera.