Diario al Día| Ponce, Puerto Rico – Dos demandas civiles presentadas por William Noel Rivera Sánchez revelan una disputa económica relacionada con inversiones en dispensarios de cannabis medicinal, en la que figuraban el abogado Luis A. Quiñones González y el exactivista Félix Plaud de Choudens.
Ambos perdieron la vida el 23 de octubre en hechos registrados en el sur de Puerto Rico. Sus nombres aparecen en reclamaciones judiciales por inversiones que, según Rivera Sánchez, no produjeron los resultados acordados.
Los documentos, examinados por el periódico El Nuevo Día, describen controversias comerciales iniciadas en 2021, con aportaciones reclamadas de 100,000 y 161,000 dólares en dos procesos distintos.
La información adquirió relevancia después de que Rivera Sánchez difundiera un video en redes sociales en el que se atribuyó lo ocurrido con Quiñones González y Plaud de Choudens.
Posteriormente, el propio Rivera Sánchez fue encontrado sin vida en una residencia de Santa Isabel, mientras las autoridades mantenían bajo investigación las circunstancias de los acontecimientos.
Primera demanda por una inversión de 100,000 dólares
El primer proceso judicial comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Rivera Sánchez presentó una demanda ante el Tribunal de San Juan contra Plaud de Choudens, su madre, Estrella de Choudens Colón, y la empresa Victory Research & Development, entre otros.
Según el documento, la relación comercial comenzó el 2 de octubre de 2021, cuando el demandante entregó presuntamente 5,000 dólares para adquirir participación en un dispensario ubicado en Cupey.
Rivera Sánchez aseguró que posteriormente le informaron que los recursos serían destinados a otro establecimiento en Arroyo, donde supuestamente existían oportunidades importantes de crecimiento económico.
De acuerdo con su reclamación, Plaud de Choudens le prometió que ambos podrían convertirse en millonarios cuando el establecimiento comenzara a funcionar, debido a la limitada competencia en esa región.
El demandante sostuvo que continuó aportando dinero para proyectos comerciales en Arroyo, Guayama y Toa Baja.
Esas contribuciones, según explicó, se utilizaron para cubrir alquileres pendientes, adquirir equipos, comprar materiales de construcción y realizar gestiones relacionadas con permisos comerciales.
Sin embargo, aseguró que comenzaron a surgir dificultades para obtener las autorizaciones necesarias y que algunos proyectos no avanzaron como esperaba.
También indicó que descubrió que Plaud de Choudens no aparecía como propietario de Victory Research & Development, sino que la empresa figuraba a nombre de su madre.
Rivera Sánchez atribuyó además la pérdida de una licencia a la entrega tardía de documentos requeridos por el Departamento de Salud.
Acuerdo de devolución y reclamación económica
Ante las dificultades comerciales, Rivera Sánchez alegó haber sido perjudicado económicamente y solicitó recuperar los 100,000 dólares que afirmó haber aportado.
Según la demanda, Plaud de Choudens aceptó devolver esa cantidad mediante un acuerdo notarizado que establecía pagos mensuales de 10,000 dólares.
No obstante, el demandante aseguró que solamente recibió un pago, realizado en octubre de 2024.
También relató que, para financiar sus inversiones, vendió tres vehículos y un terreno, obtuvo un préstamo y utilizó 14,000 dólares de una tarjeta de crédito.
Por los perjuicios que atribuyó a la controversia, solicitó una compensación de al menos 500,000 dólares.
El 29 de agosto de 2025, el Tribunal de San Juan emitió una sentencia por estipulación judicial, luego de que Rivera Sánchez y Plaud de Choudens alcanzaran un acuerdo mediante sus abogados.
La jueza Katarina Stipec Rubio acogió lo pactado entre las partes e incorporó la estipulación a la sentencia.
Respecto a los demás codemandados, el tribunal ordenó archivar el proceso por desistimiento sin perjuicio.
El documento judicial consultado por El Nuevo Día no detalla las condiciones económicas del acuerdo alcanzado.
Segunda demanda incluyó al abogado Luis Quiñones González
La segunda acción judicial fue presentada el 25 de junio de 2026 contra Quiñones González, Plaud de Choudens y otras personas y empresas relacionadas con un proyecto de cannabis medicinal en Cupey.
En esta ocasión, Rivera Sánchez sostuvo que había invertido 161,000 dólares para participar en un establecimiento comercial.
Según su versión, las conversaciones comenzaron a mediados de 2021, cuando se reunió con Quiñones González para conocer oportunidades de inversión en ese sector.
El abogado presuntamente le explicó que mantenía una asociación comercial con Plaud de Choudens y le presentó una propuesta vinculada a las empresas Diamante Verde, LLC. y Cupey Wellness, LLC.
Rivera Sánchez aseguró que acordó entregar 125,000 dólares a cambio de una participación del 24.5 % en el negocio.
Como parte del acuerdo, afirmó que entregó 10,000 dólares en efectivo a Quiñones González el 21 de agosto de 2021.
Posteriormente, según la demanda, completó los 125,000 dólares durante 2023 y aportó otros 36,000 dólares para alquileres, equipos y mejoras del establecimiento.
Sin embargo, sostuvo que su participación nunca fue reconocida formalmente como esperaba.
También señaló que, aunque en septiembre de 2024 se firmó un contrato entre dos empresas relacionadas con el proyecto, el documento no establecía sus derechos individuales como inversionista.
Por esta situación, solicitó el pago de 166,000 dólares, pese a que en el contenido de la demanda había calculado sus aportaciones en 161,000 dólares.
Además, reclamó una compensación no menor de 500,000 dólares por los daños emocionales que atribuyó a la disputa comercial.
Video difundido antes de conocerse los acontecimientos
Las reclamaciones económicas descritas en ambos procesos coinciden con varios de los asuntos mencionados por Rivera Sánchez en una grabación difundida el viernes 23 de octubre.
En ese video, responsabilizó a Quiñones González y Plaud de Choudens por los problemas que aseguró haber enfrentado con sus inversiones.
También manifestó que había acudido a los tribunales para intentar recuperar el dinero aportado, pero consideraba que sus gestiones no habían tenido los resultados esperados.
Durante la grabación, Rivera Sánchez se atribuyó los hechos relacionados con ambos hombres. Esas expresiones forman parte de la información conocida sobre los acontecimientos, sin que constituyan por sí mismas una determinación sobre lo sucedido.
Quiñones González perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de Ponce, después de un incidente ocurrido en la avenida Las Américas.
Por su parte, Plaud de Choudens fue localizado cerca de una estación de combustible en Guayama.
Más adelante, fuentes citadas por El Nuevo Día informaron que Rivera Sánchez también había sido encontrado sin vida dentro de una vivienda en Santa Isabel.
Situación de las reclamaciones judiciales
Las dos demandas permiten conocer el origen de las diferencias económicas entre Rivera Sánchez y las personas vinculadas a los establecimientos de cannabis medicinal.
La primera controversia terminó con una estipulación judicial en agosto de 2025, aunque los términos económicos del acuerdo no aparecen en la sentencia examinada.
En cuanto al segundo proceso, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) informó a El Nuevo Día que la demanda todavía se encontraba en etapa de emplazamiento.
Esto significa que el tribunal aún no había celebrado una vista para atender el fondo de esa reclamación.
Las demandas contienen señalamientos de incumplimiento contractual y perjuicios económicos, pero no representan decisiones judiciales que establezcan responsabilidad por fraude.
La información judicial disponible tampoco establece una relación causal entre esas controversias comerciales y los acontecimientos del 23 de octubre.
El último estado procesal informado sobre la segunda demanda era su etapa de emplazamiento, mientras continuaban las investigaciones relacionadas con los tres hombres.