El presidente Donald Trump ofreció una nueva actualización sobre los pagos de $2,000 vinculados a ingresos por aranceles. El plan sigue en evaluación y ahora apunta a finales de 2026.
El presidente Donald Trump presentó un nuevo calendario sobre los cheques de $2,000 que su administración ha vinculado a ingresos obtenidos mediante aranceles comerciales, según una entrevista reciente con The New York Times.
A finales del año pasado, Trump había señalado que muchos estadounidenses podrían recibir estos pagos hacia mediados de 2026. En su actualización más reciente, ese plazo se movió hacia la parte final del año.
Días antes de la entrevista, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, explicó que cualquier pago de este tipo requeriría aprobación del Congreso, una postura que luego quedó en entredicho.
Durante la conversación con el medio neoyorquino, Trump afirmó que cree posible enviar el dinero sin autorización legislativa, argumentando que los fondos provendrían de “otras fuentes”, sin detallar cuáles.
Esa declaración abrió nuevas interrogantes, ya que existen obstáculos adicionales que podrían frenar el plan, entre ellos estimaciones de costos y una decisión pendiente del Tribunal Supremo.
La Supreme Court of the United States aún no ha emitido un fallo sobre un caso clave que definirá si los aranceles impuestos por el presidente se ajustan a la Constitución.
Los magistrados escucharon los argumentos el 5 de noviembre. Si determinan que los aranceles no son válidos, el gobierno podría verse obligado a devolver miles de millones de dólares.
Esa devolución potencial beneficiaría tanto a empresas como a personas en Estados Unidos que pagaron dichas tarifas durante el período en disputa.
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Trump se refirió a este tema el 5 de enero en una publicación en Truth Social, donde aseguró que el país ha recibido y recibirá más de 600 mil millones de dólares en aranceles.
En ese mensaje, el presidente acusó a los medios de comunicación de minimizar esas cifras y de influir en la decisión que deberá tomar el Tribunal Supremo.
Sin embargo, los números mencionados por Trump no coinciden con los datos divulgados por su propia administración en reportes oficiales recientes.
De acuerdo con información de U.S. Customs and Border Protection, Estados Unidos recaudó algo más de 200 mil millones de dólares en aranceles entre el 20 de enero y el 15 de diciembre.
Ese monto está relacionado con más de 40 órdenes ejecutivas firmadas por Trump durante ese período, según los registros federales disponibles.
Mientras tanto, tres grupos no partidistas han evaluado el costo de los cheques propuestos y concluyeron que los pagos superarían los ingresos anuales generados por los aranceles.
Dos de esos análisis estiman que el gasto total podría exceder los 600 mil millones de dólares, una cifra considerablemente mayor a la recaudación actual.
A pesar de ello, la Casa Blanca ha seguido divulgando información gradual sobre el plan, lo que ha mantenido la atención pública sobre el posible estímulo.
Trump anunció por primera vez la idea de los cheques en otoño, a través de una publicación en su plataforma Truth Social.
“Un dividendo de al menos $2,000 por persona será pagado a todos, excluyendo a quienes tengan ingresos altos”, escribió el 9 de noviembre.
Meses antes, el mandatario había mencionado que su equipo evaluaba un esquema de reembolsos, aunque priorizaba reducir la deuda nacional, que supera los 38 billones de dólares.
Ese mismo 9 de noviembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que no había hablado con Trump sobre la propuesta y que los fondos podrían regresar a la población de otra forma.
Bessent explicó en una entrevista televisiva que el alivio podría llegar mediante reducciones tributarias incluidas en la agenda presidencial.
Entre las opciones mencionadas figuraron la eliminación de impuestos sobre propinas, horas extra, ciertos beneficios del Seguro Social y la deducibilidad de préstamos para autos.
Un día después, Trump volvió a referirse al plan desde la Oficina Oval, describiéndolo nuevamente como un dividendo cercano a los $2,000.
El presidente añadió que el resto de los ingresos por aranceles se destinaría a reducir la deuda, calificando esa medida como un asunto de seguridad nacional.
Pocos días más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el gobierno estaba explorando todas las vías legales disponibles para hacerlo posible.
“Todo está sobre la mesa”, afirmó Bessent en otra entrevista, subrayando que la intención era ayudar a familias trabajadoras.
No obstante, el propio secretario del Tesoro aclaró que el Congreso tendría que aprobar una ley que autorizara la liberación de los fondos y definiera los tiempos.
Durante una conversación televisiva, también fue consultado sobre qué ocurriría si el Tribunal Supremo fallara en contra de los aranceles.
Bessent expresó confianza en que eso no ocurriría, al considerar la política arancelaria como una de las principales apuestas de la administración.
Añadió que la posible obligación de devolver los fondos sería un factor clave en cualquier decisión futura sobre los pagos.
Hasta ahora, la propuesta no contempla que todos los residentes del país sean elegibles para recibir el dividendo.
Trump ha indicado que las personas de ingresos moderados y medios serían las principales beneficiarias del plan.
El 21 de diciembre, Kevin Hassett reiteró su optimismo y afirmó que espera que Trump presente una propuesta formal ante el Congreso en 2026.
Hassett explicó en una entrevista que los fondos tendrían que ser asignados mediante un proceso legislativo, lo que implicaría votaciones y negociaciones.
También manifestó su expectativa de que el Tribunal Supremo falle a favor de la administración y descartó como poco probable un escenario de reembolsos masivos.
Durante la entrevista con The New York Times, Trump incluso mencionó a Hassett como uno de los nombres que considera para presidir la Reserva Federal.
En cuanto a los requisitos para recibir el cheque, todavía no existe un marco oficial definido por el gobierno.
Algunos cálculos externos asumen que los pagos podrían estructurarse de manera similar a los estímulos entregados durante la pandemia.
En 2020, la Ley CARES estableció pagos para adultos, con montos menores para hijos, y límites de ingresos para recibir la cantidad completa.
En aquel momento, los contribuyentes individuales con ingresos de hasta $75,000 calificaban para el máximo, mientras que el tope para parejas era de $150,000.
Diversas organizaciones han advertido que replicar ese esquema hoy tendría un costo elevado y superaría con creces los ingresos por aranceles.
La Tax Foundation evaluó tres posibles modelos y concluyó que incluso el más restrictivo superaría la recaudación prevista para 2025.
El Committee for a Responsible Federal Budget estimó que un dividendo de $2,000 bajo criterios similares a los de la Ley CARES rondaría los 600 mil millones de dólares.
Ese grupo también cuestionó si el pago sería único o recurrente, y advirtió que limitaría el uso de fondos para reducir la deuda.
El Budget Lab de la Universidad de Yale presentó una estimación más baja, cercana a los 450 mil millones de dólares, que igualmente supera los ingresos máximos calculados.
Sobre la fecha exacta, Trump dijo en la entrevista del 7 de enero que los pagos podrían llegar “hacia el final del año”.
Hasta el momento, no existe legislación presentada formalmente para poner en marcha los cheques, ni un calendario claro en el Congreso.
Trump también ha mencionado en el pasado la posibilidad de otros reembolsos, como un pago de $5,000 ligado a ahorros gubernamentales, que no se concretaron.
Un intento legislativo previo, presentado en 2025 por el senador Josh Hawley, no avanzó fuera del comité correspondiente.
Por ahora, la propuesta de los cheques de $2,000 sigue en discusión, con fechas ajustadas y múltiples factores pendientes que definirán si llega a materializarse en 2026.