Santo Domingo, RD. – En un dramático relato que ha captado la atención de la comunidad local, Mirkeya Ramírez Pérez, una ciudadana dominicana que recientemente regresó de Suiza, ha denunciado ser víctima de lo que describe como un fraude significativo y una serie de ofensas por parte de un grupo que ella identifica como “brujos estafadores haitianos”. La crítica situación fue presentada públicamente por Ramírez durante una aparición en el programa Esto No es Radio, generando un llamado de atención sobre los presuntos hechos.
Relato detallado de los supuestos hechos
De acuerdo con Ramírez, los incidentes comenzaron alrededor del 5 de julio de 2025, manifestando que individuos identificados como Willy Disme, Julio Jan, Joselo Jan, Moisés Amadis y Henry Ardón Moya, de nacionalidad haitiana, la llevaron a diversos lugares bajo engaños. Durante este periodo, ella afirma haber estado retenida y haber sido objeto de múltiples ofensas, exponiéndola a riesgos considerables tanto físicos como emocionales. Se describe un mes de circunstancias que atentaron gravemente contra su bienestar, donde se le habrían impuesto prácticas peligrosas y procedimientos dañinos.
Además, señala que fue obligada a realizar retiros bancarios de grandes sumas de dinero, ascendiendo hasta 21 millones de pesos, lo que ha representado una considerable pérdida económica para ella. Cada uno de estos actos se habría efectuado bajo coacción, lo que prolongó una situación de vulnerabilidad extrema y temporalmente indefinida.
Autoridades y comunidad exigen respuestas
La revelación de esta denuncia pretende llamar la atención de las autoridades competentes para que investiguen los presuntos delitos y se tomen acciones firmes contra quienes resulten responsables. Ramírez ha solicitado públicamente que se esclarezcan todos los aspectos implicados en la supuesta estafa, expresando su deseo de que estos casos no se sigan repitiendo, afectando a otras personas en la región.
Hasta ahora, no se ha registrado ninguna declaración oficial de las autoridades pertinentes. La comunidad observa estos desarrollos con atención, buscando ver grandes pasos hacia aclaraciones concretas y la implementación de medidas preventivas para proteger a otros ciudadanos potencialmente vulnerables.
A nivel institucional, se espera que los organismos encargados comiencen las averiguaciones necesarias para precisar la verdad detrás de estas acusaciones. La visibilidad del caso en los medios podría incentivar a más personas a compartir experiencias similares, actuando como catalizador para reformas o mejoras en los procedimientos de protección pública.
En conclusión, este tipo de situaciones resalta la importancia de la acción proactiva por parte de las autoridades dominicanas para garantizar seguridad y justicia efectiva, creando un ambiente donde se resguarde la integridad y las finanzas de los ciudadanos. Se mantienen altas expectativas por declaraciones futuras que puedan ofrecer claridad y garantías de que se tomará acción correctiva.