La Iglesia de Dios (Monte Moriah) a la cual pertenecía Ana Josefa García Cuello, la primer teniente del Ejército acusada del terrible cr1men en perjuicio de su propia hija, emitió un comunicado en respuesta al trágico suceso. En el documento, la iglesia afirmó que García Cuello nunca mostró signos de problemas de salud mental antes del incidente, describiéndola como una persona servicial y profesional dentro de su congregación.
La iglesia expresó su preocupación por la falta de atención adecuada a la salud mental en el país y solicitó al Gobierno dominicano que implemente políticas públicas para mejorar el acceso a servicios de salud mental.
En cuanto al desarrollo judicial del caso, el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó un año de prisión preventiva para Ana Josefa García Cuello, quien deberá cumplir la medida en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres mientras continúan las investigaciones. La decisión judicial fue influenciada por la gravedad de los hechos y la falta de arraigo de la acusada.
A continuación, compartimos el comunicado íntegro de la Iglesia de Dios:
«El Concilio Iglesia de Dios, junto a la congregación Monte Moriah de los Trinitarios II, lamenta en gran manera la perdida de la niña Elianna Frías García. A partir de la ocurrencia del hecho estamos acompañando a la congregación en el manejo del duelo que representa esta significativa perdida».
«Al tiempo que externamos nuestra solidaridad para la hermana en la fe, la Dra. Ana Josefa Cuello, catedrática de la Universidad O & M y destacada oficial médico del Ejército Nacional, a nuestro hermano Smerlyn y los demás miembros de la familia Frías García».
«Es nuestro deber comunicar que como miembro activa de esta congregación, la Dra. Ana García Cuello nunca había mostrado síntoma de violencia, al contrario, siempre fue una persona muy servicial para con todos aquellos que, buscan ayuda como la profesional calificada de la medicina, que es».
«Nuestra institución requiere un trato digno y ético de las informaciones relacionadas con este caso, tanto en beneficio de las personas directamente involucradas como de la sociedad misma, que a parte de su derecho a ser informada requiere de contenidos que construyan y no que disocien y vulneren derechos fundamentales propios de todas personas, más aún en los casos de aquellos cuya discapacidad le impida tomar conciencia y acción sobre sus hechos, la prensa está llamada a contribuir a una comprensión informada y compasiva sobre la enfermedad mental más allá del morbo que producen los hechos y resguardar los derechos de la familia afectada».
«Es nuestro deseo que, la justicia haga su trabajo para esclarecer lo sucedido, y que en un correcto uso del derecho, el ministerio público actúe conforme a la instrucción de pruebas a cargo y descargo, considerar la pertinencia de involucrar a profesionales de la salud especializado en el área de la psiquiatría y neuropsicología, al tiempo que se apliquen, se garanticen sus derechos a la no discriminación por su condición mental, el derecho de evaluación de capacidad para ser procesada, una defensa basada en su condición mental, yen lo inmediato un encarcelamiento que priorice su seguridad y el de los otros internos».
«La sociedad debe reconocer que este tipo de desgracia, u otro parecido, puede tocar las puertas de cualquier persona, no importa de que estrato social provengan, religión que profese, y a que profesión se dedique».
«En nombre de la Iglesia de Dios y de toda persona consciente, demandamos del Gobierno dominicano, más políticas públicas para tratar el problema de la salud mental de los dominicanos, con garantías al acceso equitativo y calidad en los servicios de salud, conforme a lo establecido en nuestra constitución, preservar la dignidad de cada paciente y sus familias contra todo estigma que impida solicitar acceso a los servicios de esta naturaleza».