Condado de Suffolk deberá indemnizar con US $112 millones a 674 inmigrantes

Un jurado federal en Nueva York determinó que las autoridades locales violaron derechos constitucionales al mantener detenidas a cientos de personas solo para entregarlas a ICE.

Un jurado del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York ordenó al condado de Suffolk pagar 112 millones de dólares en compensación a 674 inmigrantes que fueron retenidos de manera ilegal tras haber cumplido sus penas o pagado sus fianzas. La decisión, una de las más grandes en casos de derechos civiles de inmigrantes en el país, fue celebrada por organizaciones defensoras de derechos humanos como LatinoJustice PRLDEF.

De acuerdo con la demanda presentada en 2017, los afectados fueron privados de su libertad sin justificación legal después de haber completado sus procesos judiciales locales. Las autoridades del condado los mantuvieron detenidos mientras notificaban a ICE para su entrega, una práctica que el jurado consideró una violación de la Cuarta y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

La organización LatinoJustice, que representó a los demandantes, afirmó que el fallo “envía un mensaje claro a las agencias locales que cooperan ilegalmente con ICE”. Sus abogados señalaron que durante años los migrantes fueron retenidos solo por su estatus migratorio, pese a no existir órdenes judiciales que lo autorizaran.

El condado de Suffolk, ubicado en Long Island, negó haber actuado ilegalmente y adelantó que apelará la decisión. Sin embargo, el jurado determinó que la oficina del sheriff tenía un patrón de colaboración irregular con las autoridades migratorias federales, que derivó en detenciones prolongadas sin causa probable.

El caso, conocido como Orellana Castañeda et al. v. County of Suffolk, se convierte en un precedente importante sobre los límites de la cooperación entre agencias locales y federales en materia migratoria. Abogados especializados afirmaron que el monto del fallo —112 millones de dólares— busca reflejar no solo el daño económico, sino también el sufrimiento emocional y la vulneración de derechos sufridos por los migrantes.

Aunque la apelación podría demorar la ejecución del pago, el veredicto fue considerado una victoria histórica para la comunidad inmigrante y un recordatorio de que ninguna autoridad está por encima de la ley en Estados Unidos.