Diario al Día | Washington, EE.UU. – Lorena Pérez Herrera, ciudadana estadounidense naturalizada dominicana, fue sentenciada este sábado por su participación en un esquema de blanqueo de capitales que involucró millones de dólares.
El juez Matthew J. Maddox dictó una condena de dos años de prisión, seguida de un año de libertad supervisada, además de una indemnización que supera los 1.47 millones de dólares.
La sentencia se produjo tras la admisión de culpabilidad de Pérez Herrera en marzo de 2025, cuando reconoció su rol directo en la red de lavado de dinero.
De acuerdo con documentos judiciales, el esquema permitió canalizar cerca de 1.5 millones de dólares mediante operaciones diseñadas para ocultar el origen ilícito de los fondos.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal federal Kelly O. Hayes, con la colaboración de agencias como Homeland Security Investigations (HSI), el Servicio de Impuestos Internos – Investigaciones Criminales (IRS-CI) y la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental.
El blanqueo de capitales operó entre 2020 y noviembre de 2023, periodo en el que los implicados realizaron múltiples transacciones para encubrir fondos ilegales.
Las autoridades señalaron que el esquema afectó a diversas entidades, incluyendo organismos públicos, empresas privadas y organizaciones educativas.
Entre las víctimas se encuentran un fideicomiso ambiental, un programa de reurbanización, un centro médico, una empresa logística y un distrito escolar.
Para llevar a cabo el lavado, se utilizaron sociedades ficticias y cuentas bancarias creadas para recibir y transferir dinero sin levantar sospechas inmediatas.
En total, el esquema permitió movilizar más de 20 millones de dólares, según los registros oficiales del proceso judicial en Estados Unidos.
El expediente incluye a 14 acusados, de los cuales 13 se han declarado culpables en relación con el esquema de blanqueo de capitales.
Entre los señalados, Faizou Gnora permanece no localizado, y las autoridades continúan su búsqueda activa.
Otros implicados, como Emily Gil Arias y Kevin Colon, admitieron su participación en diferentes fases del esquema investigado.
Durante el proceso, varios encausados detallaron funciones específicas dentro del blanqueo, incluyendo tareas de coordinación y supervisión.
Algunos también reconocieron su implicación en delitos adicionales, como fraude electrónico y suplantación de identidad vinculados al mismo esquema.
El caso continúa bajo seguimiento judicial mientras las autoridades avanzan en acciones pendientes contra otros implicados en la red financiera.
La condena representa un avance significativo en el proceso, aunque aún quedan aspectos por resolver dentro de la investigación en Estados Unidos.
Este desarrollo plantea interrogantes sobre el alcance real de estas estructuras y su impacto en instituciones públicas y privadas.