Condenan mujer en Santo Domingo a pagar 25 salarios mínimos
Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana - Un tribunal impuso condena por crueldad animal contra una mujer este año, marcando un precedente en la aplicación de la Ley 248-12.
La decisión fue tomada por la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, quien dictó un año de prisión suspendida y una multa equivalente a 25 salarios mínimos a la acusada.
La procesada, identificada como Mildred Margarita Victoriano, fue hallada culpable tras comprobarse su responsabilidad en hechos ocurridos en el sector Villa Juana.
Según el expediente, el caso de crueldad animal se registró el 8 de abril de 2025, cuando la imputada incurrió en acciones que provocaron graves lesiones a una perra.
El Ministerio Público estableció que la conducta se ajusta a los artículos 61, 66 y 67 de la Ley 248-12, normativa que regula la protección y tenencia responsable de animales.
Durante el proceso, se presentaron pruebas testimoniales y documentales que permitieron sustentar la acusación de crueldad animal ante el tribunal competente.
Las investigaciones estuvieron dirigidas por el procurador fiscal Johnny N. Arroyo, mientras la litigación fue encabezada por la fiscal Julia Laury Vásquez.
Ambos representantes lograron demostrar la responsabilidad penal de la acusada, en un caso que ha generado atención por la naturaleza de los hechos denunciados.
La denuncia fue interpuesta por Lourdes María Rodríguez, presidenta de una fundación dedicada a la protección animal, quien documentó el estado del animal afectado.
De acuerdo con su testimonio, la perra sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, lo que evidenció la gravedad del caso de crueldad animal presentado ante la justicia.
El fallo refuerza la importancia de aplicar sanciones en casos de crueldad animal, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas.
Asimismo, el caso reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer la conciencia social y el cumplimiento de las leyes destinadas a la protección de los animales.
Finalmente, la decisión judicial deja una reflexión sobre el rol de las instituciones y la ciudadanía en la prevención de la crueldad animal en la sociedad.