La reciente absolución de Karla María Moya Boada, una venezolana acusada de ejercer la cirugía estética ilegalmente en República Dominicana, ha generado sorpresa e indignación.
Moya Boada, quien se hacía pasar por cirujana plástica, fue absuelta por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debido a la supuesta falta de pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público.
El tribunal, compuesto por Gissell Méndez, Tania Yunes y Jissell Naranjo, argumentó que no se logró demostrar más allá de la duda razonable que Moya Boada ejercía la medicina de manera ilegal, por lo cual no fue justificante para una condena de 10 años de prisión.
Sin embargo, la decisión ha suscitado fuertes críticas, especialmente porque en redes sociales y reportajes previos se presentaron videos de Moya Boada realizando procedimientos quirúrgicos, vestida con bata de doctora.
La situación se complica más al considerar que las leyes dominicanas exigen rigurosos requisitos para que un extranjero ejerza la medicina en el país, incluyendo la homologación de títulos y la obtención de un exequátur.
En el caso de Moya Boada, la documentación presentada ante el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) en 2019 fue considerada insuficiente, ya que solo incluía fotocopias de dudosa autenticidad.
Además, no estaba registrada en el Colegio Médico Dominicano ni tenía licencia de Salud Pública. Ahora, la supuesta cirujana continuó ejerciendo incluso después de que su consultorio fuera clausurado por el Ministerio de Salud, reubicándose en otra clínica, el Centro de Medicina Reproductiva, Integral y Atención Femenina (CEMERAF), propiedad de Libni Valenzuela, acusada en el Caso Anti-Pulpo por lavado de activos en el sector salud.
El equipo de periodismo de N Investiga, de hecho, presentó fotografías de su consultorio donde aparecía un certificado de postgrado de la Universidad Central de Venezuela en cirugía plástica reconstructiva y otro título de médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, de fecha 20 de julio de 2008. Sin embargo, al llegar al consultorio, curiosa y convenientemente los había retirado.
La mujer en cuestión había sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana cuando intentaba salir del país, lo que aumentó las sospechas sobre sus actividades ilegales.
Aunque el Ministerio de Salud estuvo dispuesto a aceptar un acuerdo penal abreviado propuesto por los abogados de Moya Boada, la Fiscalía optó por continuar con la acusación, pero finalmente no logró convencer al tribunal.
El consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública, Luis Tolentino, y el director de habilitación, Gerardo Mesa, expresaron su preocupación ante la absolución, destacando que las pruebas aportadas deberían haber sido suficientes para demostrar la ilegalidad de las acciones de Moya Boada.
En ese sentido, el señor Luis Tolentino, dijo que para saber lo que viene ahora, opina que, «vamos a esperar la resolución íntegra, porque saben que se falla en dispositivo con una motivación mínima. Sin embargo, nosotros, como Ministerio de Salud, aportamos y está en el expediente. O sea, que se puede verificar válidamente todas las pruebas necesarias para demostrar que era una persona que estaba ejerciendo ilegalmente la medicina, tanto es así… que hay un momento que se habló de una posibilidad de un proceso penal abreviado donde las características de este proceso es que la persona admite la culpabilidad y se logra una condena atenuada o más leve».
Luego, dijo que «Entonces, al nosotros tener estos elementos probatorios de una imputada, tratando de lograr un acuerdo con el ministerio, entendía inclusive la otra parte que habían elementos probatorios suficientes para posiblemente lograr una condena».
N Investiga: ¿Quién propuso ese proceso penal abreviado?
Luis Tolentino: “Fue propuesto por los abogados de la de la señora Karla María Moya Boada”.
N Investiga: ¿Ustedes se opusieron a eso, que pasó?
Luis Tolentino: “No, nunca nos opusimos. Nosotros estábamos contestes con el acuerdo. Fiscalía decidió no aceptar el acuerdo. Parece que no estaba dentro de los parámetros que ellos entendían debía ser el acuerdo y decidieron continuar con la acusación y con la querella.
N Investiga: ¿En algún momento ella les presentó a ustedes pruebas de que efectivamente homologo sus títulos?
Gerardo Mesa, Dir. Habilitación Salud Pública: “Nosotros no hemos recibido ningún documento de la señora abogada que lógicamente nos permita a nosotros evaluar que ella sea médico, que ella sea eh, cirujano plástico o que ya sea médico estético. Aquí no tenemos absolutamente nada de eso. En lo que ella solicitó y lo que ella presentó incluyó a otras personas”.
N Investiga ¿El que la hayan Absuelto, aunque no se sabe cuáles pruebas fue la que presentaron ellos para demostrar que ejercía legalmente la medicina del país, aunque no tenga ninguna homologación, ni exequátur, como quiera ella para ustedes sigue siendo ilegal?
Gerardo Mesa: “Para la dirección de habilitación, cualquier establecimiento que no cumpla con lo que establece la Ley 42 cero uno del reglamento, se está violando la ley. Y en el caso de ella, lógicamente se violaron varias leyes, no solamente una, porque el establecimiento no tenía licencia. Ella no presentó ninguna titulación aquí en el Ministerio de Salud Pública. No tiene un título de cirugía plástica ni de medicina estética para realizar los procedimientos que estaba realizando y evidentemente nunca se le dio un permiso. O sea que había una violación de ley en todo el sentido de la palabra”
Hasta se pusieron en contacto directo con la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la doctora Susana Cárdenas, con quien conversaron sobre el caso, y esta expresó que Karla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad.
«Cuando ellos entran a los posgrados siempre hacemos; por ejemplo, una clase inaugural de bienvenida. No tenemos ningún registro de que esta persona (Karla María Moya Boada) haya hecho el posgrado de cirugía plástica…como le comento, nosotros conocemos a los residentes de posgrado», señaló la doctora Cárdenas.
Pero, asumiendo que increíblemente fuera cirujana plástica aun cuando la Sociedad establece que no hay registro de que hizo esa especialidad en Venezuela, las leyes dominicanas establecen que los extranjeros, deben homologar y revalidar sus títulos.
La comunidad y los profesionales del sector salud en República Dominicana se encuentran en estado de alerta y desconcierto ante este fallo, que pone en duda la eficacia del sistema judicial para proteger a la población de prácticas médicas ilegales.