Diario al Día | Punta Cana, La Altagracia, República Dominicana – Una pareja de inversionistas residentes en Estados Unidos denunció presuntas irregularidades tras adquirir un apartamento en el proyecto Niagara Beach, ubicado en Punta Cana.
La compra se realizó mediante un contrato formal firmado en mayo de 2022 con la constructora Promotora Dolteza, representada por Abel Martínez Triguero.
Los inversionistas entregaron 21,000 dólares provenientes de sus ahorros personales como parte de la inversión para acceder a una unidad habitacional dentro del desarrollo turístico y residencial.
Según el contrato, la entrega definitiva del inmueble estaba pactada para mayo de 2024, fecha que hasta ahora no se ha cumplido.
Ante la falta de avances y respuestas satisfactorias, la pareja decidió viajar a República Dominicana para verificar personalmente el estado del proyecto.
Durante su visita, constataron que la construcción no había avanzado conforme a lo esperado, lo que generó preocupación sobre el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos.
Los inversionistas indicaron que la promoción y venta del proyecto fue inicialmente gestionada por la inmobiliaria Golden Castle Real Estate, a través de la vendedora Yamilet Jiménez.
Además, señalaron que el proceso contó con el aval profesional de los abogados Staralyn Solano y Dalino Pacheco Abreu.
Durante sus indagaciones, la pareja tuvo conocimiento de que otras familias podrían estar enfrentando situaciones similares en relación con el mismo desarrollo inmobiliario, lo que ha generado inquietud entre los compradores internacionales interesados en proyectos en Punta Cana.
Los denunciantes manifestaron su preocupación por la situación y exigieron la devolución del 100 % de los recursos entregados, o en su defecto, una respuesta clara y efectiva por parte de los responsables vinculados al desarrollo habitacional.
Mantienen su reclamo por el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la negociación de la propiedad.
Expertos legales consultados indicaron que casos como este pueden derivar en procesos judiciales y enfatizaron la importancia de que los desarrolladores cumplan con los plazos y condiciones pactadas para proteger los derechos de los inversionistas y mantener la confianza en el mercado inmobiliario dominicano.
La situación ha generado inquietud en la comunidad de compradores internacionales, quienes destacan la necesidad de transparencia y cumplimiento contractual en los desarrollos turísticos y residenciales en República Dominicana.
Mientras tanto, la pareja continúa en la búsqueda de una solución efectiva que garantice la recuperación de su inversión o la entrega del inmueble comprometido, reflejando la creciente preocupación de compradores extranjeros sobre la gestión y transparencia en proyectos inmobiliarios en Punta Cana.