El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Nueva York por permitir que residentes sin estatus migratorio legal obtengan licencias de conducir, medida que está vigente desde 2019.
Pam Bondi, fiscal general y cercana colaboradora del presidente Donald Trump, anunció la acción legal contra la gobernadora Katy Hochul, la fiscal general Letitia James y el comisionado Mark Schroeder. La fiscal calificó la ley estatal como «inconstitucional».
La demanda alega que Nueva York está «priorizando a los migrantes ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses». Esta acción legal surge apenas seis días después de que el gobierno federal demandara también a Chicago e Illinois por políticas similares.
La administración federal busca anular las protecciones estatales que limitan la colaboración con Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas acciones se alinean con la promesa de Trump de endurecer las medidas contra jurisdicciones que no cooperen con sus políticas migratorias.
Mientras se espera la respuesta formal de las autoridades de Nueva York, organizaciones defensoras de derechos de migrantes ya han comenzado a manifestar su oposición a la demanda federal.
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