En la ciudad de Santiago, se ha desatado una controversia de significativa magnitud tras el arresto de Alexander Ramón Peña Henríquez, un exfuncionario del Ministerio de Salud Pública dominicano. El caso ha tomado gran relevancia a nivel nacional luego de que se difundiera un video comprometiéndolo en un acto de intento de tráfico de menores. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, muestran al exfuncionario presuntamente ofreciendo dinero a una ciudadana haitiana a cambio de que le consiguiera una menor de edad.
Fuentes judiciales han confirmado que el abogado defensor, Fernando Quiñones, ha comunicado que su cliente fue cesado de su puesto tras hacerse pública esta evidencia. La audiencia para la imposición de medidas de coerción, programada inicialmente para esta semana, ha sido postergada para el próximo lunes, tal como decidió el Tribunal de Atención Permanente de Santiago. Esta medida busca otorgar tiempo suficiente a la defensa del acusado para preparar adecuadamente sus argumentos y pruebas. En el contenido del video, cuya autenticidad ha sido objeto de verificación, se puede escuchar a Peña Henríquez sugiriendo entre 15,000 y 20,000 pesos dominicanos como compensación por obtener a la “señorita”.
Implicaciones legales y operaciones en curso
Las autoridades judiciales han catalogado este suceso como una seria violación a múltiples normativas locales. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para el acusado, basándose en los artículos modificados del Código Penal y específicamente citando las reformas contenidas en la Ley 24-97, junto con disposiciones relacionadas con el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. Además, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes prevalece en las acusaciones, dada la evidente implicación de menores como centro de este caso investigativo.
El impacto de esta situación ha resonado en diversas instituciones dominicanas dedicadas a los derechos de los niños y niñas. Organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por la posible impunidad en casos donde se hallan funcionarios implicados, alertando sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas de protección y prevención.
Reacción en la comunidad y postura del acusado
La conmoción también se ha dejado sentir en la comunidad de Santiago, donde residentes expresan consternación por las alegaciones contra un individuo vinculado al sector público. No obstante, Peña Henríquez ha declarado su inocencia, alegando amnesia respecto a la conversación incriminatoria y sugiriendo defensas poco convencionales al afirmar que podría haber actuado bajo la influencia de alguna sustancia administrada sin su conocimiento.
Junto a Peña Henríquez también se investiga a una mujer identificada como Luisa, posible vinculada en calidad de intermediaria en la negociación delictiva expuesta en el video. Las autoridades se encuentran en la labor de perfilar el papel de Luisa y esclarecer su nivel de implicación. La pesquisa busca ajustar cuentas con cualquier otra persona que haya participado o facilitado estas acciones reprochables, afianzando la legislación vigente contra tales delitos.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recopilando evidencias contundentes que complementen el proceso judicial, asegurando que todos los elementos del caso sean examinados con la intensidad debida a su gravedad. Se espera que las conclusiones de esta investigación sirvan como piedra angular para eventuales reformas legales que fortalezcan los mecanismos preventivos y reactivos frente a casos de explotación y vulneración de derechos de menores, contribuyendo así a un entorno más seguro para los niños en República Dominicana.