SANTO DOMINGO. – La jueza Yaritza Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dictó este martes prisión preventiva para cuatro y garantía económica para siete de los once agentes de la Policía Nacional señalados en relación con la pérdida de cinco personas ocurrida el pasado 10 de septiembre, mientras las víctimas permanecían en una plaza comercial del sector La Barranquita, al suroeste de Santiago.
De acuerdo con la acusación, los policías arribaron a la plaza comercial Valerio, ubicada en La Barranquita, a bordo de tres vehículos y, sin mediar palabras, realizaron detonaciones contra los hombres que se encontraban en el lugar. Ese hecho dejó como resultado la pérdida de cinco personas identificadas posteriormente por las autoridades.
En etapas posteriores del procedimiento, los agentes presuntamente desconectaron las cámaras de seguridad de varios comercios de la plaza y, además, habrían requisado los teléfonos celulares de algunos vecinos que intentaban registrar lo ocurrido. Esos actos, según la fiscalía, forman parte de la investigación para establecer el desarrollo cronológico de los hechos y las posibles conductas individuales.
La patrulla señalada como involucrada estaba integrada por los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez; el segundo teniente Domingo de los Santos; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisc Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Feliz Feliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona y José Octavio Jiménez, según consta en la documentación judicial.
Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Elvis Antonio Martínez Rodríguez, de 26 años; Julio Alberto Gómez (conocido como La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 38; y el peluquero José Vladimir Estévez, de 25 años. Esos nombres y edades se mantienen tal como fueron aportados en las actas y en la acusación presentada.
La audiencia de este martes fue considerada determinante para precisar las responsabilidades individuales de los implicados en el quíntuple hecho que resultó en la pérdida de cinco personas, y para decidir las medidas cautelares adecuadas conforme a la gravedad de los cargos formulados por la fiscalía ante el tribunal competente.
Tras lo ocurrido, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación exhaustiva del caso, instrucción que busca recopilar las pruebas técnicas y testimoniales ya aportadas y las que se obtengan en el proceso, con el propósito de garantizar el debido curso del procedimiento penal.
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