Diario al Día| Santiago, República Dominicana – La jueza Iris Borges, de la Oficina de Atención Permanente, ordenó tres meses de prisión preventiva para Luis Ramón Martínez y Joel Parra.
Ambos están vinculados a la investigación sobre la desaparición de Jennifer Altagracia Rodríguez de González, ocurrida el 15 de noviembre en Plaza Gómez Díaz.
Los imputados permanecerán en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres mientras continúan las pesquisas. Esta medida busca asegurar el desarrollo del proceso y evitar que los acusados interfieran en la investigación.
Las autoridades señalan que Martínez y Parra forman parte de una red dedicada a la sustracción violenta de joyas de alto valor.
Según los informes, el grupo utilizaba métodos agresivos para despojar a sus víctimas de cadenas de oro, generando preocupación por la inseguridad en la comunidad.
El abogado Iván Ariel Tejada, representante de la familia de la víctima, informó que la jueza acogió la solicitud del Ministerio Público tras encontrar indicios suficientes para mantener los cargos.
La decisión se fundamenta en la gravedad de los hechos y la evidencia presentada.
El caso ha atraído atención pública debido a la presunta relación con Jhonattan Paulino Rodríguez, señalado como líder de la organización y vinculado a otros incidentes similares.
Paulino Rodríguez enfrenta un proceso judicial separado por su posible implicación en actividades delictivas relacionadas.
Durante la audiencia, familiares de Jennifer Altagracia manifestaron su desacuerdo con la decisión judicial, lo que motivó la intervención de la policía judicial para mantener el orden en la sala.
A pesar de la tensión, el proceso continuó sin mayores inconvenientes.
Ramón Rodríguez, padre de la víctima, expresó conformidad con la medida y esperanza en que se haga justicia de manera imparcial. Para la familia, cada avance en el proceso representa una oportunidad para esclarecer los hechos y obtener respuestas.
El Ministerio Público afirmó que continuará sus esfuerzos para desarticular esta red en Santiago y otras localidades si es necesario. La sociedad civil también demanda acciones que prevengan futuros incidentes y mejoren la seguridad en espacios públicos.
Las autoridades indicaron que el periodo de prisión preventiva permitirá avanzar en las investigaciones y recopilar más pruebas que clarifiquen la estructura y el modus operandi de la organización.
Se espera que en las próximas etapas del proceso se revelen detalles adicionales.
La comunidad permanece atenta a los avances del caso, esperando que las medidas contribuyan a fortalecer la seguridad y evitar que hechos similares se repitan en la región.
La colaboración ciudadana es considerada clave para apoyar las acciones de las autoridades.