Diario al Día| La Vega, República Dominicana – El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega dictó medidas de coerción contra Juan José De Campos Brea, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y abogado, tras un incidente ocurrido en esa ciudad.
De Campos Brea, de 45 años, fue grabado en un video mientras amenazaba a una familia con un objeto de fuego durante una disputa por un espacio de parqueo en la calle Profesor Juan Bosch, cerca de un centro comercial.
En las imágenes, se observa al imputado señalando el objeto hacia las personas y advirtiendo que «les va a volar la cabeza», lo que generó preocupación en la comunidad.
Medidas judiciales y cargos
El tribunal ordenó que De Campos Brea cumpla con presentación periódica ante las autoridades y reciba terapia conductual.
Enfrenta cargos por violar el artículo 307 del Código Penal, en perjuicio de las víctimas, cuya identidad se mantiene protegida para resguardar su integridad.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, calificó la decisión judicial como «desacertada» y anunció que apelará la medida para buscar una respuesta más proporcional al riesgo que representa la conducta del imputado.
Según la fiscal, la intimidación con un objeto de fuego constituye un riesgo para la seguridad pública y no debe ser tolerada.
Reacciones y seguimiento del caso
El tribunal optó por medidas de control menos restrictivas, priorizando la supervisión mediante la presentación periódica y la terapia conductual para prevenir futuros incidentes.
Esta decisión ha generado debate sobre la respuesta judicial frente a conductas de intimidación con objetos de fuego.
Las autoridades locales mantienen vigilancia sobre el caso y recuerdan que la apelación podría modificar las medidas para garantizar la protección de las víctimas.
Se espera que la apelación presentada por la fiscalía determine ajustes en la medida de coerción mientras continúa el proceso legal en La Vega.
Vecinos de la zona expresaron preocupación por la exposición de la comunidad a situaciones de riesgo y esperan que las autoridades implementen acciones efectivas para evitar la repetición de hechos similares en espacios públicos cercanos a comercios y residencias.
El caso ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer protocolos de seguridad en la comunidad para prevenir conductas de intimidación con objetos de fuego y preservar la tranquilidad ciudadana.
Las autoridades continúan con el seguimiento del proceso judicial y la evaluación de las medidas impuestas, con el objetivo de garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos de las víctimas.