Diario al Día | Fort Myers, Estados Unidos — Dagoberto Miguel Peña, exbaloncestista dominicano, fue condenado a 60 años de prisión federal en Estados Unidos por delitos graves relacionados con la protección de menores.
La sentencia fue emitida por la jueza federal Sheri Polster Chappell, quien además ordenó que Peña cumpla libertad supervisada de por vida y se registre conforme a las disposiciones legales vigentes en ese país.
Peña residía en Punta Gorda, Florida, al momento de su procesamiento. El fiscal federal Gregory W. Kehoe explicó que la investigación comenzó en abril de 2025, cuando un padre de familia denunció interacciones inapropiadas entre Peña y una menor.
Esta denuncia dio inicio a una investigación federal que reunió evidencia suficiente para sustentar los cargos presentados contra el exdeportista.
Las autoridades obtuvieron órdenes judiciales para acceder a dispositivos electrónicos y plataformas digitales utilizadas por Peña durante el período comprendido entre octubre de 2024 y febrero de 2026.
Durante estos registros, los agentes hallaron mensajes, imágenes y videos relacionados con menores, incluyendo material generado por el propio Peña, según consta en el expediente judicial.
La investigación permitió identificar dos víctimas directas y una tercera persona afectada, de quien el implicado poseía material de características similares. Estos hallazgos fueron fundamentales para el proceso judicial que culminó con la condena.
El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) junto al Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas de Fort Myers, con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte y el Departamento de Policía de Punta Gorda.
Estas agencias colaboraron en la recolección de pruebas y en la coordinación del proceso judicial.
Este proceso forma parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos que desde 2006 articula la cooperación entre agencias federales, estatales y locales para combatir la explotación infantil en todo el territorio nacional.
La estrategia busca identificar a las víctimas, detener a los responsables y fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de delitos.
La sentencia contra Peña representa un precedente en la comunidad deportiva de origen caribeño, donde la trayectoria pública de una figura puede contrastar con su conducta privada ante la ley.
La justicia estadounidense ha aplicado las medidas correspondientes sin distinción, enfatizando la protección de los menores como prioridad.
Finalmente, Peña permanecerá bajo custodia federal conforme al dictamen judicial. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en los protocolos de apoyo destinados a las víctimas identificadas en este proceso, asegurando su protección y asistencia durante las etapas posteriores al juicio.