Diario al Día| Boston, Massachusetts, Estados Unidos – El dominicano Erpawi Roque Collado, de 54 años, se declaró culpable el viernes 30 de octubre de 2026 de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense de Puerto Rico para obtener ilegalmente US$24,128 en beneficios alimentarios en Massachusetts.
La Fiscalía federal del Distrito de Massachusetts confirmó que Roque Collado admitió su responsabilidad por obtener ilegalmente beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y por apropiación de fondos gubernamentales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el dominicano utilizó la identidad sustraída para recibir asistencia económica destinada a la compra de alimentos durante un período de más de ocho años.
Dominicano utilizó identidad ajena durante varios años
La investigación federal estableció que Roque Collado obtuvo los US$24,128 entre diciembre de 2016 y mayo de 2025, mediante beneficios SNAP administrados en Massachusetts.
Las autoridades identificaron al acusado como un residente de Boston, nacido en República Dominicana, que contaba con el estatus de residente permanente legal en Estados Unidos.
El informe oficial no reveló la identidad del ciudadano puertorriqueño afectado ni explicó de qué manera el dominicano consiguió sus datos personales.
El caso formó parte de las investigaciones federales sobre el uso de identidades ajenas para acceder a programas de asistencia pública.
En marzo de 2026, la Fiscalía de Massachusetts había incluido a Roque Collado entre nueve personas acusadas en una ofensiva contra presuntos fraudes relacionados con beneficios gubernamentales.
Posteriormente, el 23 de abril de 2026, fue acusado formalmente mediante una imputación federal, según confirmó el Departamento de Justicia.
Las penas que enfrenta tras declararse culpable
Por la obtención ilegal de beneficios SNAP, la legislación federal contempla una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$250,000.
El cargo de apropiación de fondos gubernamentales establece una pena máxima adicional de 10 años de cárcel, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta US$250,000.
Estas cantidades representan los límites legales de cada delito y no significan que el tribunal impondrá automáticamente las penas máximas.
La sentencia deberá determinarse conforme a las leyes federales y las directrices judiciales aplicables al caso.
La fiscal federal Leah B. Foley y Jeff Grimming, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Inglaterra, anunciaron la declaración de culpabilidad.
La fiscal federal adjunta Suzanne Sullivan Jacobus, integrante de la Unidad de Delitos Graves, está encargada del proceso judicial.
El juez federal Brian E. Murphy fijó para el 14 de enero de 2027 la audiencia en la que se determinará la condena de Erpawi Roque Collado.