El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto una nueva normativa que prohibirá la circulación de vehículos conectados y autónomos que utilicen tecnología de origen chino o ruso, en respuesta a preocupaciones de seguridad nacional.
Esta medida afectará a los automóviles que se conectan a internet o infraestructuras, así como a aquellos que operan sin conductor, cerrando de facto el mercado estadounidense a la importación de vehículos de China.
La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, explicó que la normativa busca prevenir ciberataques o manipulaciones remotas que pudieran comprometer tanto a los conductores como a las infraestructuras críticas del país. Los vehículos modernos, que incorporan tecnologías como Bluetooth, wifi y sistemas satelitales, son vistos como posibles puertas de acceso para terceros que puedan alterar su funcionamiento.
La propuesta surge de una investigación que Biden encargó al Departamento de Comercio en febrero de 2023. Inicialmente enfocada en China, la investigación se amplió a Rusia por temor a que el Kremlin pudiera acceder a datos de conductores estadounidenses a través de tecnologías integradas en los vehículos.
Las conclusiones revelaron que ciertos sistemas de comunicación de estos países representan una amenaza a la seguridad de infraestructuras críticas, como la red eléctrica, y a los propios usuarios, cuyos datos personales podrían verse comprometidos.
A pesar de que actualmente hay pocos vehículos de origen chino o ruso en las carreteras estadounidenses, Raimondo subrayó que se trata de una medida preventiva, aprendiendo de lo sucedido en Europa, donde la presencia de coches chinos ha crecido rápidamente. La normativa busca evitar un escenario similar en Estados Unidos.
La regulación prohibirá específicamente la importación y venta de vehículos que utilicen software o hardware de comunicaciones provenientes de China o Rusia. Los vehículos autónomos, que operan sin conductor, también estarán restringidos.
Se espera que la normativa entre en vigor en enero de 2025, antes de que Biden deje la presidencia. Los fabricantes tendrán tiempo para adaptarse a las nuevas reglas, con restricciones que se implementarán gradualmente entre 2027 y 2029.
El periodo de comentarios públicos sobre esta propuesta estará abierto durante 30 días, permitiendo a las partes interesadas, incluida la industria automotriz, expresar sus opiniones antes de que se apruebe la normativa final.