Diario al Día| Washington, Estados Unidos – Una jueza federal estadounidense confirmó un laudo arbitral que obliga al Estado dominicano a pagar 44 millones de dólares al empresario Michael Lee-Chin, presidente de Portland Holdings Inc.
La magistrada Colleen Kollar-Kotelly respaldó la decisión del tribunal arbitral y rechazó los intentos del gobierno dominicano de anular el fallo en tribunales federales de Washington.
El conflicto se originó en 2007 cuando autoridades municipales firmaron un contrato con la empresa Lajun Corp.
SRL para operar el vertedero de Duquesa, ubicado en Santo Domingo Norte, una instalación clave para la gestión de residuos sólidos en la capital dominicana.
Michael Lee-Chin adquirió indirectamente el 90 % de Lajun Corp. y parte de los terrenos vinculados a la operación del vertedero.
En 2017, el Estado dominicano decidió rescindir el contrato alegando incumplimientos administrativos y problemas ambientales, además de asumir el control total de las instalaciones.
Ante esta situación, Lee-Chin presentó en 2018 una reclamación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparado en el tratado vigente entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe.
La demanda inicial superaba los 300 millones de dólares y buscaba compensación por la terminación del contrato y la pérdida del control sobre el proyecto vinculado al vertedero.
En octubre de 2023, el tribunal arbitral concluyó que la rescisión del acuerdo constituyó una expropiación y estableció una compensación de 38.7 millones de dólares más 4.8 millones adicionales, junto a intereses acumulados.
El Estado dominicano acudió a un tribunal federal en Washington para impugnar el laudo, argumentando que no existía un acuerdo válido bajo la legislación estadounidense para ese proceso arbitral.
La jueza Kollar-Kotelly desestimó estos argumentos, señalando que no se demostraron irregularidades en el procedimiento ni en los cálculos financieros realizados durante el arbitraje internacional.
Esta decisión limita nuevas apelaciones en tribunales inferiores y mantiene vigente la obligación de pago establecida en el laudo arbitral.
El abogado Richard C. Lorenzo, representante legal de Lee-Chin, expresó que su cliente valora el resultado y espera que el pago se realice en el menor tiempo posible conforme a la orden judicial.
La defensa del Estado dominicano estuvo a cargo de la firma Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, que participó en el proceso judicial que concluyó con la validación plena del laudo internacional.
Con esta resolución, se activan los procedimientos para la ejecución y cumplimiento de la compensación ordenada por el tribunal federal, marcando un avance en la disputa legal entre el inversionista y el Estado dominicano.