En un lamentable caso que ha conmocionado a la provincia de La Vega y suscitado una amplia reacción tanto ciudadana como en redes sociales, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega ha emitido una orden de arresto contra un individuo identificado como Alexander Ramón Peña Henríquez. Este individuo, de 52 años, ha sido señalado por presuntamente ofrecer una suma monetaria a cambio de una menor de edad, específicamente una niña de tan solo ocho años, con intenciones de vulnerar su integridad física. Este suceso ha generado una amplia indignación, reflejada en múltiples plataformas.
Investigación del Ministerio Público y acciones inmediatas
El proceso investigativo comenzó formalmente el 24 de octubre de 2025 cuando el Ministerio Público recibió un informe cuya base fue un video que circulaba por distintas redes sociales. En dicho material, el acusado expresaba su intención de encontrar a una menor, declarando sin titubeos su preferencia por una niña entre ocho y diez años. Los términos y connotaciones aludidas en el video despertaron no solo el temor y la indignación de la ciudadanía, sino también una respuesta rápida de parte de las autoridades competentes. Declaraciones como “mientras más chiquita, mejor” y el ofrecimiento monetario entre quince y veinte mil pesos, sugieren el riesgo y gravedad del caso.
A través de un minucioso trabajo de identificación y localización, coordinado por las autoridades policiales, fue posible capturar al señalado en la ciudad de Santiago. La orden de arresto, ejecutada con suma precisión, asegura que el individuo no represente un riesgo adicional para la comunidad mientras avanza el proceso judicial. La identificación de Peña Henríquez fue corroborada mediante análisis detallado del video y testimonios que fortalecieron la validez de las imputaciones realizadas.
Impacto social y reacciones comunitarias
Este caso ha puesto de manifiesto la importancia crucial de las denuncias ciudadanas en la protección de los derechos de los menores, resaltando el poder de las redes sociales como herramienta de alerta y movilización. No es inusual ver cómo, ante la difusión de tales contenidos, la presión social desempeña un papel preeminente en la aceleración de los procedimientos legales y la demanda de medidas de justicia. Las autoridades han afirmado su compromiso de investigar a fondo para determinar si existen otros implicados y verificar antecedentes de comportamiento similares por parte del imputado.
El Ministerio Público planea presentar cargos formales en un esfuerzo por garantizar que se juzgue con el mayor rigor posible, buscando establecer jurisprudencia clara en la defensa de menores de edad. La comunidad permanece expectante, confiada en que se mantendrá la transparencia durante todo el proceso y que se hará justicia.
Continuaremos ofreciendo cobertura actualizada de este caso conforme las investigaciones del Ministerio Público sigan su curso. Se espera que las autoridades ofrezcan declaraciones oficiales próximamente, esclareciendo la situación y las acciones a tomar respecto a las políticas de protección a la infancia en la región.