Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – Tres jóvenes empresarios de Azua defendieron su participación en contratos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) que superan los RD$110 millones para suplir almuerzos escolares, luego de cuestionamientos públicos sobre su edad, experiencia y posibles vínculos familiares o políticos.
Los emprendedores acudieron al programa Esto No es Radio Show para explicar cómo lograron obtener adjudicaciones para distribuir alimentos en centros educativos de San Pedro de Macorís y rechazar las acusaciones de supuesto tráfico de influencias o favoritismo.
La controversia surgió después de protestas de suplidores y aspirantes del programa de alimentación escolar, además de un reportaje de la periodista Nuria Piera que cuestionó la entrega de contratos millonarios a personas jóvenes y empresas con poco tiempo de creación.
Uno de los puntos que generó dudas fue la coincidencia de apellidos entre algunos beneficiarios. Ante esto, los tres empresarios aseguraron que no son familiares entre sí y explicaron que los apellidos Ramírez y Beltré tienen una alta presencia en la provincia de Azua.
Los contratos adjudicados
Durante la entrevista fueron explicados los detalles de las empresas y montos obtenidos en el proceso de licitación del INABIE.
Franiel Ramírez Beltré informó que participó como persona física y recibió un contrato de RD$24.5 millones por dos años para suministrar 645 raciones diarias de comida escolar.
Mientras que Nayeli Carolina Beltré explicó que junto a su hermana Luisa Margarita Beltré, de 23 años, dirige la empresa Beltré Beltré, que obtuvo un contrato de RD$48 millones durante dos años para suplir 1,200 raciones cada día.
La tercera participante, Carolyn Michelle Díaz-Beltré, recibió una adjudicación destinada a cubrir la alimentación de 939 estudiantes en escuelas ubicadas en San Pedro de Macorís.
Los jóvenes explicaron que decidieron competir por lotes en esa provincia porque encontraron mayores oportunidades de participación.
Según indicaron, en procesos anteriores observaron que Azua tenía una mayor concentración de suplidores y menos espacios disponibles para nuevos participantes.
En cambio, afirmaron que San Pedro de Macorís contaba con lotes disponibles que no habían sido adjudicados completamente, lo que representaba una oportunidad para empresas emergentes.
Niegan relaciones con funcionarios del INABIE
Durante el programa, los entrevistados fueron cuestionados sobre posibles conexiones con autoridades del instituto responsable del programa de alimentación escolar.
Los tres negaron tener amistad, parentesco o comunicación previa con Rafael Adolfo Pérez de León, director ejecutivo del INABIE, así como con otros funcionarios de la institución.
Afirmaron que participaron en el proceso siguiendo los requisitos establecidos en los documentos de licitación y que no recibieron trato especial frente a otros oferentes.
El abogado José Martínez Brito, quien participó en la conversación, analizó algunos aspectos relacionados con la capacidad financiera presentada por los jóvenes.
Créditos y apoyo de cooperativas
Uno de los temas discutidos fue el origen de las líneas de crédito utilizadas para demostrar capacidad económica durante el proceso.
Martínez Brito señaló que parte de la documentación presentada estaba relacionada con la Cooperativa de Suplidores y Proveedores (COOPSUPLIDER), ubicada en Azua.
El abogado explicó que las cooperativas pueden ofrecer mecanismos de financiamiento distintos a los bancos tradicionales, con requisitos que pueden facilitar el acceso al crédito para emprendedores sin un amplio historial empresarial.
Los jóvenes defendieron que sus proyectos fueron construidos mediante esfuerzo personal y apoyo familiar.
Nayeli Carolina Beltré relató que logró reunir parte del capital trabajando en actividades comerciales durante fiestas patronales y utilizando ahorros familiares.
También explicó que recibió apoyo económico de su padre, quien anteriormente estuvo vinculado al béisbol como prospecto.
Franiel Ramírez indicó que su padre vendió un camión para adquirir equipos industriales necesarios para la preparación de alimentos, incluyendo marmitas utilizadas en la operación.
Carolyn Díaz-Beltré señaló que su proyecto se apoyó en préstamos y en la colaboración de sus padres, quienes trabajan como maestra y chofer.
Cuestionamientos sobre experiencia empresarial
Aunque los entrevistados defendieron la legalidad del proceso, durante la conversación surgieron preguntas sobre su experiencia para administrar contratos públicos de ese tamaño.
Martínez Brito planteó que algunos participantes mostraron dificultades al explicar detalles financieros específicos, como el margen de ganancia por cada ración entregada.
También cuestionó que parte de la operación diaria estuviera delegada en familiares o terceros.
En el caso de Carolyn Díaz-Beltré, explicó que la supervisión directa en San Pedro de Macorís quedó a cargo de su primo Radamés Cordero debido a que ella estaba cuidando a su bebé de cinco meses.
Los cuestionamientos se centraron en la capacidad administrativa necesaria para manejar recursos públicos, más que en una acusación formal de irregularidad.
Hasta el momento, los empresarios sostienen que cumplen con las condiciones establecidas por el INABIE y que cuentan con respaldo de los centros educativos donde ofrecen el servicio.
Debate sobre transparencia en el almuerzo escolar
Los jóvenes afirmaron que poseen cartas de satisfacción firmadas por directores de escuelas beneficiadas y que han cumplido con la entrega de alimentos según los acuerdos establecidos.
El caso ha generado un debate sobre los procesos de contratación pública y los controles necesarios para garantizar que los recursos destinados al programa de alimentación escolar lleguen de manera eficiente a los estudiantes.
El INABIE maneja uno de los programas sociales más importantes del país, debido a que diariamente distribuye alimentos a miles de alumnos del sistema educativo público.
La discusión pública ahora se concentra en la necesidad de verificar que los procesos de adjudicación cumplan con los principios de transparencia, competencia y correcta utilización de los fondos del Estado.
Los contratos otorgados continuarán bajo escrutinio mientras autoridades, suplidores y sectores de la sociedad civil piden claridad sobre los mecanismos utilizados para seleccionar a los proveedores.