Diario al Día, Santo Domingo- En un giro significativo dentro del ámbito judicial de Santo Domingo, la empresa comercial GB Group, S.A.S. ha intensificado las acciones legales al presentar una segunda querella con constitución en actor civil contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido popularmente como “El Detective“.
Este nuevo movimiento legal se centra en el supuesto reitero de conductas que perjudican la reputación de la compañía, argumentando que Martínez ha incurrido en difamación e injuria en medio de un juicio que ya posee carácter público.
El contexto en que se suscitan estos hechos no es menor. El circo mediático, donde las redes sociales juegan un papel prominente, ha sido aprovechado por Martínez, quien se sirvió de un apagón reciente del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) para divulgar mensajes en distintas plataformas.
En estos mensajes, el acusado hizo graves afirmaciones -sin presentar pruebas- sobre un supuesto sabotaje dirigido por el ciudadano haitiano Gilbert Bigio, atribuyéndole responsabilidad por la interrupción eléctrica y acusándolo de actuar contra la seguridad nacional.
Estos comentarios suscitaron preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. El contexto judicial se tornó aún más complicado con la presentación de esta nueva querella, en la que se acusa a Martínez de actuar con temeridad y mala fe procesal, agravando la dificultad para una resolución satisfactoria del caso.
Documentos proporcionados por la GB Group, S.A.S. señalan que aunque Martínez acudió a las vistas de conciliación celebradas en octubre y noviembre, lo hizo con intenciones dilatorias, fomentando al mismo tiempo una campaña pública de descrédito y desacreditación hacia los querellantes.
Un paso controversial en esta saga judicial involucra declaraciones significativas emitidas por Martínez a través de las redes sociales, en las que sostiene que hay intenciones de causarle daño físico.
“Quieren mi cuerpo o en una cárcel o sin aliento”, expresó, añadiendo en tono desafiante que “tendrían que sacarlo del país en pedacitos”.
Este tipo de declaraciones exacerban la tensión y sitúan al imputado en el centro de atención del aparato judicial, que podría considerar medidas severas contra él.
La reincidencia en estas conductas eleva la preocupación de que el Ministerio Público busque aplicar medidas como la prisión preventiva, especialmente como medio de evitar la continuidad de los actos denunciados.
El riesgo de que Martínez pueda pasar las festividades navideñas privado de libertad no es descartado por los expertos legales que siguen de cerca el caso.
Aunque no es la primera vez que Martínez se enfrenta al sistema judicial, su conducta ha generado el cambio de su representación legal anterior debido a su naturaleza incontrolable respecto a las declaraciones públicas, lo que ha añadido un nivel de complejidad a su defensa legal.
Persistir en este enfoque desafía no solo las regulaciones dominicanas, sino también la percepción de estabilidad jurídica que incide en la confianza de inversionistas extranjeros.
Fundamentándose en la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 de delitos informáticos, la querella busca imponer restricciones más severas al imputado, planteando un punto de inflexión sobre las repercusiones legales de la actividad reiterativa en redes sociales.
Este caso, que se desarrolla en un entorno altamente mediatizado, permanece bajo la rigurosa supervisión de las autoridades.
La resolución del conflicto legal podría marcar un precedente significativamente impactante respecto a la gestión de la justicia y la proliferación de falsas acusaciones en el ámbito virtual.
El país espera el próximo comunicado oficial del Ministerio Público, que podría ofrecer nuevas directrices sobre el trato judicial frente a comportamientos que desafían la estabilidad social.