Este miércoles, la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago fue escenario de un importante veredicto. La jueza Yeriza Cabral determinó imponer tres meses de prisión preventiva a dos imputados involucrados en un presunto caso de trata de menores que ha sacudido a la comunidad local y ha llamado la atención de las autoridades. Los señalados en este caso son Alexander Ramón Peralta Henríquez y Luisa Stfrent, quienes enfrentan graves imputaciones relacionadas con la explotación de menores.
Detención y cargos presentados por las autoridades
Las autoridades han seguido el proceso con gran atención dados los serios cargos imputados bajo el amparo de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. El Ministerio Público argumenta que Peralta Henríquez habría ofrecido una suma significativa a una tercera persona para que gestionase la entrega de una menor, de entre ocho y diez años, con fines de explotación física. Este acto constituye una transgresión directa contra los derechos fundamentales de los menores protegidos por leyes nacionales e internacionales.
Durante el proceso, Stfrent ha sido señalada como colaboradora en estos actos ilícitos. Según las investigaciones preliminares, se le acusa de participar en la captación de menores, oficiando como intermediaria en un intento de obtener gratificación compensatoria a expensas de los derechos y la dignidad de quienes eran considerados sus víctimas. Ambos individuos han sido reclusos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, donde esperan el avance de las investigaciones pertinentes.
Impacto social y respuesta de la comunidad
Este escandaloso caso ha resonado profundamente entre los habitantes de la ciudad de Santiago, generando una amplia discusión en torno al tema de la protección de menores y las medidas que el Estado debe implementar para prevenir tales actividades. La exposición de este caso se hizo posible tras la circulación de un video en plataformas de redes sociales, que habría sido grabado y difundido por la propia implicada como resultado de un desacuerdo económico con Peralta Henríquez por servicios pasados.
La defensa legal, encabezada por los abogados Antonio Falete y Fernando Quiñones, ha manifestado su intención de revisar detalladamente la resolución contra sus clientes. Con el objetivo de evaluar una posible apelación, el equipo analizará los fundamentos esgrimidos por la jueza Cabral al decidir la coerción.
Este caso ha despertado un renovado interés en reforzar las políticas de prevención y control para evitar que situaciones similares se repitan. Las autoridades locales han reafirmado su compromiso con la comunidad para proteger a sus ciudadanos más vulnerables mediante programas de concientización y el fortalecimiento de la seguridad en áreas de riesgo.
En las próximas semanas se espera que el Ministerio Público continúe con las diligencias investigativas a fin de recabar más evidencias que comprueben los hechos y garanticen la justicia para las víctimas. La expectativa de la sociedad dominicana es que se tomen medidas adicionales para cerrarle el paso a estos preocupantes fenómenos y que el sistema judicial ofrezca una sentencia firme y ejemplificadora que desmotive futuros casos de trata de menores. El seguimiento a este caso continuará con el interés de todos aquellos comprometidos en preservar el bienestar de las futuras generaciones.