Diario al Día | República Dominicana – Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Juan Luis Valdez Cascante, exempleado acusado de transferir de manera irregular RD$60 millones desde las cuentas bancarias de la empresa donde laboraba.
Este caso ha generado gran atención por la complejidad del mecanismo utilizado para fragmentar y distribuir los fondos sustraídos.
De acuerdo con el Ministerio Público, Valdez Cascante habría realizado múltiples transferencias hacia cuentas personales y luego distribuyó el dinero entre 113 personas.
Estas personas, según las investigaciones, supuestamente devolvían los recursos a cambio de una comisión por el servicio, lo que permitió fragmentar el flujo del dinero y dificultar el rastreo inmediato de las operaciones realizadas desde las cuentas bancarias comprometidas.
Las investigaciones establecen que el acusado habría recurrido a la modalidad conocida como «pitufeo», una práctica que consiste en dividir grandes sumas en montos menores para evadir alertas automáticas y controles del sistema financiero.
Este método es frecuente en procesos vinculados a movimientos financieros irregulares, ya que las transferencias de bajo monto pueden pasar desapercibidas dentro del alto volumen de operaciones diarias que procesan las instituciones bancarias.
Desde marzo de 2025, pesa sobre Valdez Cascante una orden de arresto emitida por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Esta orden permanece vigente mientras avanzan las diligencias y las autoridades continúan con la búsqueda activa del hombre.
Además de la búsqueda, las autoridades siguen recopilando evidencias y verificando la posible participación de otras personas vinculadas a las transacciones bajo análisis.
El expediente preliminar indica que otros implicados también habrían resultado beneficiados del esquema, por lo que las indagatorias buscan determinar el alcance completo de la estructura utilizada para movilizar los fondos.
Los investigadores trabajan para confirmar el nivel de responsabilidad de cada una de las personas que recibieron dinero proveniente de las cuentas bancarias señaladas por el órgano acusador.
La investigación busca esclarecer si estas personas conocían el origen real de los fondos y cuál fue su grado de participación en el esquema.
Valdez Cascante enfrenta cargos por apropiación indebida, asociación ilícita y presunta violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Estas imputaciones reflejan la dimensión y complejidad del caso, que involucra delitos relacionados con el manejo irregular de fondos y el uso de tecnologías para evadir controles financieros.
Por ahora, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre posibles procesos contra otros involucrados, mientras la investigación permanece abierta bajo la coordinación del Ministerio Público.
La prioridad sigue siendo la localización de Valdez Cascante y la recopilación de pruebas que permitan avanzar en el proceso judicial.
Una de las preguntas centrales que los fiscales buscan responder es cuántas de las 113 personas que recibieron fondos conocían el origen real del dinero. Esta cuestión es clave para determinar responsabilidades y posibles implicaciones legales adicionales en el caso.
El Ministerio Público continúa con las diligencias y mantiene la alerta para recibir información que pueda contribuir a la captura del acusado y esclarecer todos los aspectos relacionados con este esquema financiero irregular.