El Ministerio Público presentó una extensa lista de señalamientos que, según su expediente, describen cómo operaba la estructura acusada de desviar recursos en Senasa.
La solicitud de coerción detalla más de veinte prácticas internas, financieras y administrativas que habrían sostenido el esquema.
El documento inicia señalando la creación de una estructura coordinada desde la alta dirección, con el propósito —según el MP— de distraer fondos públicos mediante maniobras diseñadas para parecer parte del funcionamiento normal de la institución.
Horas más tarde, al revisar el expediente completo, aparecen una a una las acusaciones que hoy forman parte central del proceso.
Entre ellas, la supuesta instalación de mecanismos internos que habrían obstaculizado cualquier iniciativa orientada a mejorar controles o transparentar procesos dentro de Senasa.
El contexto ayuda a entender otro punto clave: la creación de “programas especiales” sin sustento técnico. El Ministerio Público afirma que estas figuras fueron utilizadas como vehículos para canalizar pagos elevados desde contratistas privados.
Los trámites internos daban apariencia de legitimidad a operaciones que, según la acusación, servían para justificar desvíos.
Lo que siguió sorprendió a muchos: el expediente detalla adulteración sistemática de estados financieros.
Personal clave, siempre según el MP, habría recibido instrucciones para cerrar registros de reclamaciones antes de tiempo, ajustando cifras que luego se presentaban como oficiales.
Para quienes conocen el funcionamiento del sector, es relevante el señalamiento sobre las reservas técnicas.
La acusación sostiene que las maniobras internas impactaron directamente en estos fondos, cuyo déficit superaría los RD$15,900 millones al cierre de 2024.
Horas después, se describen otras imputaciones, entre ellas:
— Manipulación del registro de reclamaciones pendientes.
— Subregistro de obligaciones financieras para alterar la lectura real de compromisos.
— Emisión de facturas ficticias mediante empresas de carpeta.
— Simulación de servicios para justificar pagos desde prestadoras privadas.
— Retiro de fondos en efectivo luego de transferencias por servicios inexistentes.
— Interferencia en la entrega de información solicitada por los fiscales.
— Reclutamiento de funcionarios internos para ejecutar instrucciones irregulares.
— Ajustes en bases de datos desde tecnología para sostener cierres contables alterados.
— Participación coordinada de áreas ejecutivas, financieras, legales y administrativas.
— Uso de empresas instrumentales para ocultar el origen de bienes y ganancias.
— Negociación directa para restitución de códigos a prestadoras con beneficios particulares.
El MP también señala prácticas vinculadas al incremento injustificado de facturación en algunos servicios de salud, con procedimientos que no correspondían al perfil de los pacientes.
Lo que siguió en el expediente muestra un patrón: cada ajuste interno habría tenido el objetivo de mantener oculta la dimensión real del déficit y sostener la continuidad de la estructura.
Incluso, según el Ministerio Público, técnicos internos advirtieron que la manipulación de registros podía generar sanciones regulatorias, pero las operaciones continuaron.
El sábado pasado, Santiago Hazim acudió de forma voluntaria ante los fiscales y quedó detenido. Este lunes se formalizó la solicitud de coerción, donde se pide un período de 18 meses mientras avanza el proceso.