En el corazón de Santo Domingo, un drama familiar ha expuesto las preocupantes lagunas del sistema judicial dominicano en la gestión de la violencia intrafamiliar. Este lamentable hecho, centrado en Nelson Félix Miranda Hermida, un exteniente de la Policía Nacional de 79 años, terminó con la pérdida de vidas en el sector de El Milloncito. El pasado domingo, Nelson Félix yacía sin vida al lado de su esposa Mayira Martínez Romero y su suegra Dorith Romero, marcando el fin de casi cinco décadas de una historia judicial llena de omisiones.
Los episodios de violencia doméstica acumulados por Nelson Félix, conocido por su carácter impulsivo, eran un secreto a voces. Según informes de N Digital, Félix acumuló antecedentes desde la década de 1970 por ofensas diversas, incluido un incidente en 1978, donde su primera esposa, Ana Argelia Breo, perdió la vida de manera trágica durante una discusión en víspera de Nochebuena. Este grave suceso resultó en apenas dos años de prisión preventiva para Félix, lo que resalta el poder de las influencias dentro del cuerpo policial durante la época.
Registros judiciales de aquellos años también vinculan a Félix con un asalto armado ocurrido en 1970 en una sucursal del Royal Bank of Canada. A pesar de ser señalado como uno de los participantes en el atraco, el caso fue desestimado por insuficiencia de pruebas, permitiéndole eludir responsabilidades jurídicas. Nuevamente en 1987, su nombre apareció en relación a un hecho violento que terminó con la vida de Yanira Urraca Jiménez. Sin embargo, la justicia nunca dictó una sentencia firme.
Exigencias de Justicia Tras Tragedia Familiar
La abogada Taten Brache, especializada en derechos humanos, ha condenado enérgicamente la “cadena de impunidad” que rodeó a Félix, indicando que este es solo uno de los tantos casos donde el sistema judicial falló en proteger a las víctimas. “No se trata de justificar acciones, sino de entender que existía un patrón peligroso que fue ignorado”, aseveró Brache. Esta falta de acción preventiva ha costado, no solo la estabilidad de una familia, sino las vidas de cuatro personas.
El día del incidente, el hijo de Félix recibió una llamada inquietante para que acudiera a la residencia familiar. A su llegada, encontró a su madre y abuela sin signos vitales, mientras su padre se encontraba en condiciones críticas debido a una herida autoinfligida. En el escenario, las autoridades hallaron un objeto de fuego, una carta y otros indicios de una larga historia de conflictos y celos.
La carta, aunque atribuida a Félix, aparentemente contenía justificaciones llenas de conflictos emocionales, una constante en relaciones marcadas por la violencia. Según Brache, “las justificaciones no deben sustituir las acciones preventivas”. La abogada, a través de sus declaraciones, reitera que estos incidentes podían prevenirse con medidas más estrictas y decididas desde el sistema judicial.
Medidas Preventivas en Discusión
La comunidad de El Milloncito y la sociedad dominicana en general se encuentran en estado de conmoción. Los vecinos aseguran que Félix siempre operó bajo una “sensación de intocabilidad”, alimentada por una cadena de decisiones judiciales que minimizaron sus acciones. Este sentimiento de impunidad no solo incrementó el miedo en la comunidad, sino que generó un círculo vicioso donde nuevas víctimas potenciales no encontraban protección adecuada.
Este caso particular ha despertado la indignación pública y ha instigado un llamado urgente a revisar el papel de las instituciones de orden en el manejo de denuncias por violencia intrafamiliar, especialmente cuando los agresores son exintegrantes de fuerzas policiales. Mientras el país reflexiona sobre estas trágicas pérdidas, se espera que las autoridades realicen una evaluación profunda de los procedimientos judiciales existentes para evitar que situaciones como esta se repitan.
Familiares y amigos de las víctimas exigen justicia, no solo para las mujeres afectadas sino para todas aquellas que han sufrido en silencio por conflictos similares. Las esperanzas se depositan ahora en que estas pérdidas impulsen un cambio fundamental en la estructura judicial, enfocada en proteger a los más vulnerables y evitar futuras tragedias. La Fiscalía ha prometido una investigación detallada, cuyos resultados oficiales se esperan para los próximos meses.
