Nueva York – En un desarrollo que ha capturado la atención pública, la familia de Allan Feliz, un ciudadano dominicano cuya vida terminó súbitamente en un incidente reportado en el Bronx durante 2019, ha presentado una demanda contundente contra la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch. El recurso legal, registrado en la Corte Suprema de Manhattan, intenta revertir la permanencia en funciones del teniente Jonathan Rivera, identificado como el agente que usó un proyectil en el fatídico evento.
La acción legal, planteada el miércoles, busca que un juez invalide la decisión de Tisch, la cual mantuvo a Rivera en su cargo a pesar de las recomendaciones desfavorables hechas por la comisionada adjunta y jueza administrativa, Rosemarie Maldonado. Maldonado, tras una exhaustiva evaluación disciplinaria, había urgido la separación del teniente, señalándolo responsable de un acto severo. En su veredicto, destacó que el testimonio provisto por Rivera no solo era “defensivo e inconsistente”, sino también una conducta incompatible con el decoro profesional esperado en su puesto.
Contexto de la decisión y reacción comunitaria
El conflicto sobre la gestión disciplinaria en el NYPD no es nuevo, pero el caso de Allan Feliz ha acentuado el debate sobre el uso de la fuerza y la transparencia institucional. En marzo pasado, el clima de incertidumbre fue acrecentado cuando Maldonado emitió sus recomendaciones, las cuales fueron rápidamente contravenidas por la comisionada Tisch. Según Tisch, la fiscalía estatal ya había determinado en 2020 que no existían evidencias para juicios penales, dado que la percepción del riesgo por parte de Rivera fue calificada como “razonable”.
La familia de Feliz, respaldada por el Comité de Justicia y organizaciones civiles, ha intensificado sus demandas de reformar el cuerpo policial, insistiendo en la necesidad de rendición de cuentas en procedimientos que involucran uso de fuerza letal. Alegan que la decisión de Tisch no solo es “caprichosa”, sino también un uso indebido de la autoridad, ignorando evaluaciones vitales en el caso.
Implicaciones legales y futuras audiencias
En este contexto, se abre un nuevo capítulo en la discusión legal sobre los poderes disciplinarios del NYPD y las posibilidades de las familias afectadas de cuestionar internamente decisiones administrativas. Aunque la autoridad disciplinaria del comisionado es amplia según los estatutos de la ciudad, los demandantes reclaman que su ejercicio necesita ser fundamentado dentro de un marco de buena fe administrativa.
Los observadores legales destacan que la situación podría sentar precedentes, pues no abundan registros de demandas que desafíen las determinaciones disciplinarias del NYPD por parte de los familiares de las personas afectadas. Esto también ha reavivado un diálogo esencial sobre la transparencia en las operaciones del Departamento de Policía, un tema que ha dominado los titulares y los debates cívicos por varios años.
En las semanas próximas, las autoridades de Nueva York deberán presentar una respuesta formal a la corte. La decisión judicial sobre si el caso se someterá a una audiencia pública tendrá implicaciones significativas para la confianza ciudadana y el sistema de control interno en el NYPD. Se espera que las partes involucradas continúen ofreciendo declaraciones y actualizaciones sobre el progreso del juicio, una disputa que ya promete impactar de manera amplia en la gestión y percepción pública del cuerpo policial en la ciudad.
