Félix Portes examina la postura de autoridades frente a La Casa de Alofoke 2 en Santo Domingo

En un encendido debate que ha captado la atención de diversos sectores, el abogado Félix Portes se ha pronunciado sobre la intervención estatal en el caso de La Casa de Alofoke 2. El epicentro de esta polémica radica en la solicitud efectuada por el Movimiento Matrimonio Feliz al Ministerio de Cultura dominicano, pidiendo una evaluación del contenido que, según alegan, transmite mensajes en contra de los valores familiares tradicionales. Esta solicitud ha generado una serie de discusiones sobre los límites de la regulación del contenido digital y los derechos constitucionales de libre expresión.

Portes es conocido en el ámbito jurídico nacional por su dominio de los litigios complejos y ha aprovechado su experiencia para revisar las bases legales aplicables en este caso. En su análisis, ha destacado cómo la Constitución dominicana defiende férreamente la libertad de expresión como pilar esencial de la democracia. Este derecho, sostiene Portes, solo puede ser limitado en situaciones excepcionales, ya claramente definidas por la ley. Esta perspectiva sugiere que cualquier intervención de las autoridades debería estar críticamente fundamentada en principios de legalidad y proporcionalidad, evitando cualquier viso de arbitrariedad que pudiera perjudicar el flujo libre de ideas y opiniones por internet.

Uno de los puntos centrales mencionados por el abogado se refiere a la vigencia de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, normativa establecida hace décadas y que protege la libre circulación de ideas en medios tradicionales y modernos, incluidos los contenidos audiovisuales difundidos en plataformas digitales. Según Portes, esta ley tiene como finalidad evitar restricciones indebidas sobre la comunicación pública, lo que significa que cualquier intervención debe contar con un respaldo legal explícito y definido, lo cual parece no aplicarse al contenido digital sin una actualización de marco.

Al mismo tiempo, señaló que la Ley de Espectáculos Públicos, concebida para regular las expresiones artísticas en medios físicos y convencionales, no debe ser utilizada como herramienta para intervenir en programas como La Casa de Alofoke 2, que se emite a través de plataformas como YouTube. Intentar extender su jurisdicción, advierte Portes, podría derivar en un uso incorrecto de dicha ley. En este contexto, el abogado subraya que solicitar una revisión formal de contenido digital carece de base esencial en las leyes dominicanas si no existe una infracción clara.

Más allá de la discusión legal, el abogado también ha manifestado su preocupación por las prioridades del Estado en cuanto a los desafíos actuales que enfrenta la nación. Destacó que la atención debería centrarse en fortalecer los mecanismos contra prácticas poco éticas en las instituciones, mejorar el sistema de salud pública, garantizar una cobertura de seguridad social eficaz y un acceso seguro al agua y la energía. Estos temas, según él, requieren urgentemente la atención del gobierno y de políticas bien definidas.

La reacción pública frente a los comentarios de Portes ha evidenciado un respaldo considerable, especialmente en redes sociales donde los usuarios han destacado la importancia del análisis legal proporcionado por el abogado. La atención ha comenzado a concentrarse menos en las polémicas de los contenidos en sí y más en los aspectos reguladores que podrían necesitar modernización.

El Movimiento Matrimonio Feliz, por su parte, sigue firme en su posición, abogando por un entorno mediático que salvaguarde y fomente los valores familiares tradicionales, insistiendo en un examen formal por parte de las autoridades culturales.

En este punto, el caso de La Casa de Alofoke 2 continúa sin resolución definitiva, mientras crece la expectativa sobre cómo las instituciones dominicanas podrían responder a esta nueva realidad digital que exige normativas más adaptadas a los tiempos modernos. El Ministerio de Cultura deberá evaluar cuidadosamente el marco regulador vigente para decidir si es adecuado abordar los desafíos que imponen las plataformas digitales o si requiere una reforma formal.