República Dominicana, Boca Chica.- El proyecto turístico denominado “Garden of the Beach”, presentado como un condominio de alto nivel frente al mar en el municipio de Boca Chica, se ha convertido en el centro de un proceso judicial tras las denuncias de más de un centenar de dominicanos residentes en el extranjero que aseguran haber sido afectados por una presunta irregularidad inmobiliaria.
La obra, que en su promoción ofrecía apartamentos de lujo con entrega prevista para 2024, continúa sin avances visibles ni permisos constructivos aprobados. Los inversionistas, que depositaron sumas significativas, reclaman la devolución de los recursos entregados a la empresa promotora.
Lo que en un inicio fue presentado como una oportunidad para que la diáspora dominicana concretara el sueño de poseer una vivienda vacacional en su país natal, terminó convirtiéndose en un proceso judicial. Según los documentos contractuales, el condominio se ubicaría en la calle José Francisco Peña Gómez y contemplaba un edificio de doce niveles con más de 200 unidades habitacionales, piscina, gimnasio, restaurante y parqueos privados.
Los precios de los apartamentos oscilaban entre US$54,000 y US$105,000, con un pago inicial del 20% y el resto distribuido en cuotas durante la ejecución. Entre los inversionistas figura Francia Romero, asistente médica radicada en Estados Unidos, quien relató que el 4 de enero de 2023 firmó un contrato y pagó US$38,000 por una unidad frente al mar. “Ahí deposité todas mis ilusiones”, expresó, al indicar que viajó dos veces al país para constatar los avances, pero al cabo de un año no observó movimiento alguno en el terreno.
Otro comprador, Johnny Pérez, residente en Nueva Jersey, explicó que invirtió US$32,000 junto a su esposa. “Al principio vi movimiento de tierra, pero luego todo quedó en silencio”, declaró, señalando que incluso promovió el proyecto entre otros compatriotas.
Los expedientes judiciales señalan que la empresa promotora, Boca Chica Garden SRL, y su representante legal, el ingeniero Edgar Hernández, continuaron recibiendo pagos aun cuando ya existían advertencias sobre la falta de titularidad del terreno. Una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos indica que la parcela señalada en los contratos pertenece a José Calderón Rijo y no a la compañía desarrolladora, lo cual impedía iniciar legalmente la construcción.
El abogado Miguel Surún, representante de más de 40 inversionistas, presentó una querella contra Edgar Hernández, Mabel Luciano y la empresa Boca Chica Garden SRL por presuntos delitos económicos. “Estamos contra el reloj; el delito prescribe en tres años, y si no se actúa, quedará impune”, afirmó el jurista.
En respuesta, el abogado defensor de la constructora, Frankely Peña, negó las acusaciones y sostuvo que “no se trata de una estafa, sino de retrasos administrativos en los permisos turísticos”. Aseguró que su cliente “está dispuesto a devolver el dinero y busca recursos personales para hacerlo”. No obstante, hasta la fecha no se han registrado reembolsos ni avances concretos.
El proceso judicial permanece detenido desde marzo, cuando el ingeniero Hernández fue arrestado y posteriormente liberado pese a la objeción de los querellantes. Los afectados mantienen protestas y exigen una respuesta institucional más contundente.
Mientras tanto, el terreno donde se proyectaba el lujoso condominio continúa vacío y cubierto de maleza, símbolo de un sueño inconcluso para decenas de dominicanos que aspiraban a regresar a su tierra y disfrutar del mar, pero hoy solo conservan papeles, recibos y un profundo desencanto.