El gobierno de EE.UU. eliminó fondos para organizaciones que apoyaban legalmente a migrantes, afectando su defensa en procesos de deportación.
El gobierno de Donald Trump decidió eliminar los fondos destinados a las organizaciones que ofrecían ayuda legal gratuita a migrantes en centros de detención y tribunales de inmigración. Esto deja a miles de personas sin información importante para defenderse en sus procesos de deportación.
El Departamento de Justicia de EE.UU. emitió una directriz que limita seriamente el apoyo legal a los migrantes detenidos y a aquellos que tienen audiencias en los tribunales de inmigración. Entre los programas eliminados está el Programa de Orientación Legal (LOP), que durante años ayudó a los migrantes a conocer sus derechos y opciones legales.
Laura J. John, la directora legal del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, calificó esta decisión como un “ataque directo” a los migrantes. Ella destacó que, sin esta ayuda, los migrantes se enfrentarán a un sistema legal complicado, sin tener los recursos para evitar una deportación injusta.
En EE.UU., la ley de inmigración no garantiza que los migrantes tengan un abogado de oficio, lo que hace que muchos tengan que defenderse sin entender bien el sistema. Las organizaciones sin fines de lucro, como el Proyecto Florence, ayudaban a los migrantes en centros de detención, especialmente en Arizona, donde les informaban sobre sus derechos y los preparaban para sus audiencias.
Para muchos migrantes, contratar un abogado privado es imposible, ya que los costos pueden ser muy altos, a veces más de 1.000 dólares. Además, si el juez decide darles libertad condicional, deben pagar fianzas que van de 5.000 a 10.000 dólares.
Desde que se cancelaron los fondos, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha limitado el acceso a los centros de detención en Arizona, lo que impide que los abogados del Proyecto Florence ayuden a los detenidos. Esta situación se agrava por la falta de traductores, lo que afecta especialmente a los migrantes de comunidades indígenas.
Para hacer frente a esta situación, el Proyecto Florence ha lanzado una campaña en redes sociales pidiendo a los congresistas que restituya los fondos. La organización advierte que, sin esta ayuda, miles de migrantes quedarán sin la posibilidad de defenderse adecuadamente y podrían ser deportados injustamente.
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