Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana — El presidente Luis Abinader firmó el decreto 502-26, una disposición que prohíbe la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso en el país.
La medida fue oficializada horas antes de que Estados Unidos aplicara un arancel de 12.5 % a las importaciones procedentes de territorio dominicano.
El arancel estadounidense comenzó a regir a las 12:01 de la madrugada de este viernes, según lo anunciado previamente por Washington.
Esa política de Estados Unidos apunta a países que, según su criterio, carecen de controles eficaces para impedir el comercio de bienes elaborados bajo trabajo forzoso.
República Dominicana quedó incluida en esa lista con una tasa de 12.5 %, la más alta fijada entre todas las naciones señaladas por la medida.
El decreto 502-26 otorga nuevas facultades a la Dirección General de Aduanas para investigar, retener y bloquear mercancías con indicios de origen irregular.
La entidad podrá actuar de forma preventiva cuando existan sospechas fundadas sobre la procedencia de los productos que ingresan al país.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, asumirá el papel de órgano técnico encargado de evaluar cada caso reportado bajo esta normativa.
La disposición también impone nuevas obligaciones a los importadores, quienes deberán entregar información detallada sobre sus cadenas de suministro cuando se les requiera.
Entre sus disposiciones, el decreto permite retener preventivamente mercancías bajo sospecha y crear un registro de productos con importación prohibida.
La norma contempla además procedimientos administrativos que garantizan el derecho de defensa de empresas o personas afectadas por decisiones de Aduanas.
El Gobierno fundamentó el decreto 502-26 en los compromisos internacionales asumidos por el país, incluyendo el DR-Cafta y convenios de la OIT.
Esos acuerdos, según el texto oficial, respaldan la necesidad de fortalecer el control sobre las cadenas de suministro que operan en el territorio.
También refuerzan la supervisión del comercio de mercancías que ingresan a la República Dominicana desde distintos orígenes internacionales.
Con esta disposición, el país establece un marco administrativo formal para vigilar las importaciones señaladas bajo sospecha de irregularidades laborales.
Los importadores deberán ahora cumplir con los nuevos requerimientos de información exigidos por las autoridades competentes del país.
Los organismos involucrados iniciarán investigaciones y procedimientos conforme a las facultades que les otorga el decreto 502-26.
La medida llega en un momento en que el comercio exterior dominicano enfrenta nuevos desafíos frente a la política arancelaria estadounidense.
¿Logrará este nuevo marco regulatorio fortalecer la posición comercial del país ante los próximos escrutinios internacionales?