Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana – El presidente Luis Abinader firmó el decreto 502-26, que prohíbe la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso en el país.
Esta medida se oficializó horas antes de que Estados Unidos aplicara un arancel del 12.5 % a las importaciones dominicanas, vigente desde la medianoche del viernes.
La política estadounidense busca sancionar a países que, a su juicio, no cuentan con controles efectivos para evitar el comercio de bienes producidos bajo condiciones laborales forzadas.
República Dominicana fue incluida en esta lista con la tasa más alta entre las naciones señaladas.
El decreto 502-26 otorga a la Dirección General de Aduanas nuevas facultades para investigar, retener y bloquear mercancías con indicios de origen irregular.
La entidad podrá actuar preventivamente ante sospechas fundadas sobre la procedencia de los productos que ingresan al país.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo asumirá la función técnica de evaluar cada caso reportado bajo esta normativa, fortaleciendo así la supervisión del comercio exterior y la verificación de las condiciones laborales en la cadena de suministro.
Además, el decreto impone obligaciones a los importadores, quienes deberán proporcionar información detallada sobre sus cadenas de suministro cuando sean requeridos por las autoridades. Esto busca garantizar mayor transparencia y control en el proceso de importación.
Entre las disposiciones, se contempla la retención preventiva de mercancías sospechosas y la creación de un registro de productos cuya importación esté prohibida.
También establece procedimientos administrativos que garantizan el derecho de defensa de empresas o personas afectadas por decisiones de Aduanas.
El Gobierno fundamenta esta normativa en compromisos internacionales asumidos por República Dominicana, como el DR-Cafta y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que respaldan la necesidad de fortalecer el control sobre las cadenas de suministro y supervisar el comercio de mercancías que ingresan al país desde diferentes orígenes.
Con este decreto, se establece un marco administrativo formal para vigilar importaciones bajo sospecha de irregularidades laborales, exigiendo a los importadores cumplir con los nuevos requerimientos de información.
Esto representa un avance en la regulación y control del comercio exterior dominicano.
Los organismos involucrados iniciarán investigaciones y procedimientos conforme a las facultades otorgadas por el decreto 502-26, en un contexto donde el comercio exterior dominicano enfrenta retos ante la política arancelaria estadounidense.
Las autoridades buscan con esta medida fortalecer la posición comercial de República Dominicana frente a futuros controles y escrutinios internacionales, asegurando que las importaciones cumplan con estándares laborales y comerciales reconocidos.