Diario al Día | Hato Mayor, República Dominicana – El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor dictó prisión preventiva por tres meses contra Andrés Benítez, conocido como “Marino”, acusado de estar vinculado a la muerte de Ruddy Merisu, un joven evangelista muy reconocido en la comunidad rural de Jalonga.
El Ministerio Público señala a Benítez, de 58 años, como el principal sospechoso en este caso ocurrido dentro de la residencia de la víctima, ubicada en la comunidad de La Jaiba.
Según las investigaciones preliminares, el incidente se originó durante una discusión familiar que escaló hasta una agresión que dejó gravemente afectado a Merisu.
Testimonios recabados por las autoridades indican que la situación se tornó violenta en medio del conflicto, lo que derivó en el lamentable desenlace.
La víctima era conocida por su activa participación en actividades cristianas y encuentros comunitarios en distintos sectores de Hato Mayor, donde mantenía una presencia cercana y activa con numerosas familias.
Ruddy Merisu dedicaba gran parte de su tiempo a predicar en actividades evangélicas y encuentros juveniles, además de participar en labores sociales dentro de comunidades vulnerables de la provincia.
Personas cercanas lo describen como alguien tranquilo y respetuoso, aunque reconocen que existían tensiones familiares que se habían intensificado en semanas recientes.
La noticia de la muerte de Merisu generó profunda consternación entre líderes religiosos y residentes de la provincia, quienes valoraban su labor social y espiritual.
Miembros de congregaciones evangélicas acudieron a la vivienda de los familiares para expresar solidaridad y acompañamiento, mostrando el impacto que tuvo en la comunidad.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos que vinculan directamente a Andrés Benítez con el trágico episodio registrado días atrás.
Por esta razón, el tribunal consideró pertinente imponer prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y se desarrollan las próximas etapas del proceso judicial correspondiente.
El imputado deberá cumplir la medida en un centro de corrección de la región Este. Además, las autoridades continúan recopilando declaraciones y evidencias relacionadas con el caso para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el incidente.
El caso permanece bajo la atención de fiscales e investigadores, quienes trabajan para esclarecer todos los detalles y avanzar en el proceso judicial.
La comunidad sigue pendiente del desenlace y muchos residentes insisten en la necesidad de promover soluciones pacíficas ante conflictos familiares.
Las autoridades hacen un llamado a la población para que cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso se acerque a colaborar con la investigación, con el fin de contribuir a la justicia y la tranquilidad en la provincia.