Diario al Día | La Altagracia, República Dominicana – Un caso que ha generado amplia atención en las instituciones judiciales y de seguridad del país involucra a un inspector de control migratorio, detenido tras ser acusado de solicitar una suma de dinero a una mujer a cambio de facilitar su salida hacia el Reino de España desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
De acuerdo con las autoridades, el hecho se habría producido en el marco de un procedimiento de control migratorio en el que el funcionario presuntamente exigía RD$100,000 como condición para permitir el trámite de salida internacional, situación que fue denunciada y posteriormente investigada por el Ministerio Público.
El detenido fue identificado como Carlos Javier Sánchez, quien, según las investigaciones, habría sido interceptado en medio de un operativo de control migratorio ejecutado durante una entrega controlada del dinero, un procedimiento previamente autorizado por una jueza competente dentro del proceso judicial correspondiente.
Las autoridades explicaron que la detención se produjo mientras se desarrollaba la entrega controlada, un mecanismo utilizado en casos sensibles vinculados al control migratorio, con el objetivo de documentar la presunta solicitud de soborno y reunir pruebas suficientes para sustentar el proceso penal en curso.
El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, asumió la investigación del caso, con el respaldo operativo de equipos de la Dirección General de Migración (DGM).
De acuerdo con la nota de prensa oficial, el proceso de control migratorio incluyó una entrega controlada ejecutada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la coordinación del órgano persecutor, en un esfuerzo conjunto por esclarecer los hechos denunciados.
En el desarrollo del operativo de control migratorio, participó el fiscal Miguel Crucey, adscrito a la Dirección General de Persecución, quien formó parte del equipo encargado de supervisar y dar seguimiento a la intervención que culminó con el arresto del funcionario investigado.
Las autoridades han indicado que las investigaciones sobre el caso de control migratorio continúan abiertas, con el propósito de determinar si otras personas pudieron haber estado involucradas en la presunta red de irregularidades y establecer las responsabilidades legales correspondientes conforme a la ley.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de perseguir y sancionar cualquier acto de corrupción vinculado al control migratorio, destacando que este tipo de conductas afecta directamente la transparencia institucional y el correcto funcionamiento de los servicios públicos en puntos estratégicos como los aeropuertos internacionales.