El pasado 12 de octubre de 2025, el vecindario de San Gabriel en la Carretera Sánchez, Distrito Nacional, fue testigo de un caso que ha generado consternación y llamado a reflexionar sobre las relaciones vecinales y la seguridad comunitaria. Un hombre identificado como José Miguel Marrero de Jesús enfrenta acusaciones graves tras un incidente que resultó en la pérdida de su vecino, Cristian Pérez García. Este lamentable hecho ha puesto bajo escrutinio las dinámicas de convivencia en la zona.
Antecedentes del Conflicto Vecinal
Según los informes de la Fiscalía del Distrito Nacional, las tensiones entre ambos individuos habían escalado con anterioridad. Rosario Batista Pérez, viuda de Pérez García, reveló que la familia ya había sido víctima de situaciones previas de inseguridad atribuidas a Marrero, quien incluso fue acusado de robo en instancias anteriores. A pesar de estos antecedentes, Marrero logró acuerdos legales que le permitieron continuar residiendo en el mismo sector, lo que incrementó el estado de alerta entre los residentes.
El sector San Gabriel, caracterizado por ser una comunidad unida, se ha visto sobresaltado por este episodio, que ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad y las relaciones entre vecinos. Pérez García, quien trabajaba como chofer en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), intentó en repetidas ocasiones resolver pacíficamente los conflictos derivados de conexiones eléctricas ilegales realizadas por Marrero, lo cual reiteradamente puso en peligro a las familias del lugar, particularmente a la suya.
Reacciones y Procedimientos Judiciales
Las autoridades locales han solicitado un proceso judicial expedito ante las evidencias presentadas. El Ministerio Público, considerando la gravedad de los hechos, ha solicitado la medida de encierro más restrictiva contra Marrero de Jesús, enfatizando en la protección de la comunidad y la búsqueda de justicia para la familia Pérez. Este episodio ha motivado a otros vecinos a expresar públicamente su miedo y preocupación por situaciones similares.
El Hospital Ney Arias Lora fue el lugar donde Pérez García recibió atención tras el incidente, pero desafortunadamente, las quemaduras sufridas fueron críticas. Los especialistas forenses determinaron que el daño abarcaba un 18.5% de su cuerpo, comprometiendo significativamente su estado de salud hasta su deceso. La comunidad espera que el juicio aporte claridad y establezca medidas que impidan futuras tragedias.
Expertos en seguridad ciudadana señalan que es esencial fortalecer los mecanismos de denuncia y resolución de conflictos para prevenir que estos desencuentros deriven en consecuencias trágicas. Los líderes comunitarios, por su parte, han comenzado campañas de sensibilización sobre la importancia de una convivencia armónica y el establecimiento de líneas seguras de comunicación con las autoridades locales.
Se anticipa que nuevas medidas se implementarán en San Gabriel, como parte de un esfuerzo coordinado entre el Gobierno y las instituciones locales, para garantizar la seguridad de los residentes y restaurar la confianza en el vecindario. Las autoridades continúan instando a la población a reportar cualquier acto sospechoso y participar activamente en iniciativas de seguridad.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, la comunidad espera que se haga justicia y se restablezca la seguridad en el área, al tiempo que las familias afectadas reciben el apoyo necesario para afrontar esta difícil situación.